Delincuente: sin corona, uniforme ni excusas, merece barrotes, no comodidades

En el Perú, durante décadas, hemos vivido bajo la nefasta costumbre de clasificar a los delincuentes según su poder político, económico o social, como si existieran categorías de criminales: de primera, segunda o tercera clase. Pero la verdad es una sola y no admite matices: delincuente es delincuente, sin importar si fue presidente, congresista, ministro, alcalde o ciudadano de a pie.
El delito no distingue títulos, cargos ni grados jerárquicos. Si una persona comete una infracción penal, debe ser juzgada y sancionada con el mismo rigor que cualquier otro. No puede ni debe existir privilegio alguno. Sin embargo, hemos tolerado durante años cárceles convertidas en suites de lujo disfrazadas de penales, donde ciertos internos gozan de beneficios que ofenden a una ciudadanía que exige igualdad ante la ley.
Es hora de poner fin a los penales dorados como Barbadillo y Virgen del Carmen. Estas cárceles, lejos de representar la firmeza del Estado frente al delito, se han convertido en símbolos de desigualdad. Allí se recluye a expresidentes, funcionarios y autoridades como si no fueran delincuentes comunes. Pero lo son. Sus delitos no son menores; al contrario, muchos han traicionado la confianza de todo un pueblo.
Un militar que traiciona a la patria, un funcionario que roba al Estado o un gobernante que se enriquece ilícitamente son delincuentes. Y como tales, deben ser recluidos en cárceles comunes, sin privilegios. No más celdas con televisores, visitas irrestrictas ni comodidades pagadas con los impuestos de los ciudadanos.
El sistema penitenciario peruano está en crisis. Mientras miles de internos sobreviven en condiciones deplorables, unos pocos gozan de beneficios inaceptables. La reforma es urgente. Los procesados deben ser clasificados con criterios objetivos:
Naturaleza del delito.
Edad y condición de salud real, no inventada.
Gravedad del perjuicio causado a la víctima y al Estado.
Nada más, nada menos. La ley debe cumplirse sin interpretaciones antojadizas ni “apadrinamientos” que desnaturalicen la justicia.
En este contexto, el caso del expresidente Martín Vizcarra es emblemático. Su reclusión en un penal especial es un insulto al pueblo. Los delitos que se le imputan corresponden a su gestión como alcalde y gobernador regional, cargos sin inmunidad. Por tanto, debe cumplir prisión preventiva en un penal común, como cualquier procesado por corrupción.
El mensaje debe ser claro: no más cárceles de lujo, no más manutención de internos privilegiados a costa del pueblo. El delincuente debe trabajar, no vivir del esfuerzo ajeno. El sistema penitenciario debe ser justo, humano y productivo, pero jamás complaciente con los poderosos.
Si queremos un país libre y digno, debemos cerrar las cárceles de privilegio y abrir de una vez el camino a una justicia verdadera, donde nadie esté por encima de la ley.

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