A delincuentes detenidos magistrados conceden libertad

Frecuentemente en medios periodísticos escritos, radiales y televisivos, jefes policiales exhiben delincuentes e informan que ya antes fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía y esta formuló la denuncia penal, pero han vuelto a ser detenidos por nuevos delitos. Eso es insólito en circunstancias que la criminalidad no solo se está incrementando asombrosamente, sino que hay el constante riesgo que magistrados fiscales y/o jueces concedan libertad a los malhechores detenidos. Eso es reiteradamente informado públicamente y pareciera que en el Ministerio Público y/o Poder Judicial están “sordos”.

El presidente del Poder Judicial, reconociendo por fin esas “concesiones de libertad” “ha invocado al Congreso promulgar una norma que permita inhabilitar a perpetuidad a los jueces y fiscales que de manera irregular liberen a delincuentes capturados participando en crímenes” (SIC). Las declaraciones del magistrado Javier Arévalo, que representa a los jueces, no solo debe ser desoída en el Congreso, sino que los propios jueces deben entender que han sido elegidos magistrados para actuar correcta y honestamente. Las declaraciones del Dr. Arévalo deben servir, además, para que se aclare y concrete la obligación de fiscales y jueces para que procesen las causas a sus cargos, dentro de los plazos procesales establecidos en los códigos y normas procesales aplicando el artículo 109° de la Constitución. En materia penal, la lentitud en procesar las acciones a acusados por delitos, corre el riesgo que sobrevenga la prescripción con lo que “se favorece” a los acusados concediéndoles libertad y borrándole sus antecedentes. La dilación también es utilizada en procesos civiles, de familia, laborales, contencioso administrativo, etc., perjudicando a los justiciables y a sus abogados defensores. Por ende, la norma que ha invocado el presidente, Dr. Arévalo, debe incluir igualmente a los fiscales y jueces que no cumplan con los plazos procesales e inclusive a magistrados integrantes de los “denominados” Órganos de Control.La dilación ha llegado hasta las investigaciones y/o procesos a políticos presidentes del país, ministros y funcionarios acusados de corrupción, y a los corruptores de la actividad privada nacional y/o internacional. Han pasado lustros y no concluyen los respectivos procesos y casi todos los procesados están en libertad. No solo el Dr. Javier Arévalo debe pedirlo al Congreso, también los Colegios de Abogados, promoviendo conversatorios públicos para debatir las dilaciones en el Ministerio Público y Poder Judicial y la responsabilidad de sus magistrados.

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