Democracia o anarquía totalitaria

Esta segunda vuelta electoral nos ha puesto a dos candidatos con antecedentes autoritarios y autocráticos que los obliga a fijar posiciones claras y creíbles frente al sistema democrático de gobierno basado en el equilibrio de poderes y el respeto a la institucionalidad democrática, lo que no significa que ese respeto los inmovilice frente a cambios necesarios porque en democracia todo puede cambiarse o mejorarse, pero observando los mecanismos que el sistema basado en libertades ha previsto.
En segundo lugar, ambos candidatos deben decir, ante el descontento popular por el mal desenvolvimiento institucional, cuáles serían los cambios que proponen para mejorar el sistema y hacerlo más transparente y al servicio efectivo de todos los peruanos, cambios no solo en el marco normativo sino, esencialmente, en el saneamiento institucional que incluyen evaluaciones, depuraciones selectivas, tecnología en aras de la transparencia y en los sistemas de controles, para garantizar la gobernabilidad del país.
En tercer lugar, sobre esta base de institucionalidad democrática, los dos candidatos tienen que decirle y demostrarle al pueblo que desarrollarán con eficiencia y efectividad la gobernanza idónea para superar la crisis de salud provocada por la pandemia, consolidar los servicios de salud y los educativos y enfrentar la debacle económica que amenaza hundir en la pobreza a la gran mayoría de peruanos.
Nadie trata hasta ahora el problema de los oligopolios y monopolios que controlan la economía y el poder político en el país ni el tema de la usura bancaria en un ambiente donde no existe libre competencia, así como tampoco se debate sobre el tránsito coherente para la reinserción de los peruanos en el sistema financiero con reprogramaciones razonables de deuda con una drástica disminución de intereses.
En los últimos discursos y declaraciones la señora Fujimori ha expresado su arrepentimiento por errores pasados, se ha comprometido a respetar la institucionalidad y el sistema democrático de gobierno eliminando de su diccionario cualquier opción dictatorial, pero no se ha pronunciado sobre el poder fáctico y el desmadre institucional que ha enardecido al pueblo. Le falta eso.
Por su parte, el señor Castillo no solo se reafirma en la disolución del Tribunal Constitucional que, con sus errores y aciertos, es el fiel de la balanza del Estado de Derecho y respeto a los derechos fundamentales, sino que ha prometido disolver la Defensoría del Pueblo, lo que unido a su nacionalismo estatista desata sospechas fundadas de un totalitarismo que repudia la democracia.

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