¿Democracia sin salida?

Existe una regla que garantiza el no abuso de la literalidad de las normas jurídicas dentro del positivismo jurídico para restringir el Derecho al alcance de la letra de la ley dejando en la impunidad todo lo demás.

Esta regla surgió, precisamente, para que ningún hecho, humano o de la naturaleza que tuviera efectos en la esfera de derechos de los individuos, quedara excluido del Derecho lesionándose el fin supremo de éste, consistente en garantizar una sociedad con justicia y paz social.

La concepción doctrinaria que sentó las bases de un positivismo jurídico eficaz surge de la contraposición entre normas primarias y secundarias, especialmente de la tesis sustentada por H.L. Hart, definiendo a las primeras como las que imponen sanciones mientras que las segundas establecen potestades de aquellos encargados de la aplicación de las primeras.

Para que los investidos de poder jurídico para aplicar las sanciones no incurran en la arbitrariedad que el Derecho rechaza así como para que ninguna transgresión quede impune, fue elevado al rango constitucional la obligación de los jueces y, por ende, de todo funcionario investido de poder jurídico para aplicar normas primarias, a no dejar de resolver ningún conflicto jurídico por vacío o deficiencia de la ley primaria en su literalidad e integralidad sistémica, en cuyo caso deberá pronunciarse en base a los principios generales que sustentan la norma defectuosa, ambigua o incompleta.

Esta introducción nos demuestra que un sistema jurídico no puede actuar a la defensiva ni acurrucarse cobardemente en una literalidad legal frente a elementos antisistema que pretenden y actúan abiertamente para destruirlo, olvidando los que tienen poder y, en consecuencia, la facultad y la obligación de defender el sistema jurídico que los sustenta, que deben pasar a la ofensiva apelando al desarrollo de principios, porque un sistema democrático de gobierno, asumido como válido por toda la población, no puede automaniatarse cuando los que deben defenderla por mandato popular esconden la cabeza como el avestruz y la institucionalidad democrática empieza a ser demolida desde la cúspide del poder en una paradoja que convierte a los paradigmas del sistema en sus enemigos que utilizando el poder democrático destruyen el sistema democrático de gobierno.

La tragedia histórica del Perú ha sido siempre el quiebre de parámetros constitucionales, no por las instituciones estatales que, debiendo encontrar salidas en base a principios constitucionales no lo hicieron, dieron lugar a una suma constante de golpes de Estado con la asunción de gobiernos dictatoriales cíclicamente producidos y apoyados por la población.

Ahora con Castillo en el gobierno, parecería que la costumbre de esperar a que un golpe de Estado solucione la destrucción institucional del país o dejar que los comunistas destruyan impunemente lo que conocemos como Estado Peruano implorando un milagro divino, está tomando cuerpo desde lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo.

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