¿Democracia vs. Derechos Humanos?
Recientemente debatieron en Derecho USMP dos profesores con posiciones contradictorias, Lucas Ghersi y Carlo Magno Salcedo. El primero sustentó que la democracia, entendida como el debate y compromiso ejercidos entre electores y elegidos, gobierno y oposición, tienen sustento en la dinámica política, que tiene su propia naturaleza y sentido lógico; sobre ella ejercería una presión indebida un elemento externo, lo jurídico, teniendo como ariete a los DDHH. La judicialización de la política y la intervención desproporcionada de los jueces sobre las decisiones de los políticos, sería una interferencia negativa que desnaturaliza la lógica política, afectando la calidad de la democracia.
En esa línea, los DDHH rebasan incluso los principios generales del Derecho, invadiendo no solo los territorios de la política, sino también los de la administración pública, la empresa privada, las creencias religiosas, e incluso el hogar y la educación de nuestros hijos. Así, denunciar la Convención Americana para salir del Sistema Interamericano de protección a los DDHH, sería una necesidad imperiosa para fortalecer el régimen democrático y recobrar la soberanía nacional.
El segundo expositor defendió la utilidad del Sistema, en una región acostumbrada a los demagogos que, instrumentalizando las necesidades insatisfechas de los grupos sociales que no alcanzan a beneficiarse del crecimiento económico por carecer de habilidades que aprecie el mercado, se convierten en tiranos con el aplauso de empresarios mercantilistas, periodistas corruptos y electores encantados por la parafernalia autoritaria; en esos momentos se requiere de una CIDH que denuncie las arbitrariedades, pues la judicatura interna normalmente es infiltrada y condicionada por el poder. Salir del Sistema sería entonces un grueso error que nos dejaría expuestos al próximo caudillo populista.
Ambos tienen razón. Ese debate sería irrelevante si nuestra república hubiera evolucionado progresivamente, recogiendo y mejorando las instituciones sociales y políticas que existían en el Virreinato, hoy tendríamos dos siglos de ejercicio democrático. Sería anecdótico si tuviésemos una Comisión y una Corte Interamericanas compuestas por personalidades jurídicas provenientes de diversos sectores ideológicos, propuestas y elegidas de forma transparente y no con etapas previas manipuladas por poderosas ONG internacionales, instrumentos de la concepción izquierdista de sociedad global e imposición ideológica.
El peligro real es que se continúe reemplazando con fundamentos jurídicos el necesario debate político; que se sustituya la democrática decisión de los ciudadanos de un país, por la fuerza de informes y sentencias que pueden despreciar las convicciones de la sociedad e ignorar el pacto constitucional. Así como la democracia necesita de un marco jurídico que limite al poder protegiendo las libertades, los DDHH y las instituciones del Sistema necesitan imparcialidad y autolimitación.
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