Deplorable intromisión
En un comunicado del 12 de diciembre último aparentemente emitido desde Bogotá los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia han expresado “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y destitución de José Pedro Castillo Terrones”. En este breve pronunciamiento, los referidos cuatro gobiernos, unidos con el Perú por bicentenarios vínculos que van mucho más allá de una relación diplomática, formal, desconocen o pretenden desconocer el fallido atentado de golpe que perpetró el expresidente, hoy ciudadano Pedro Castillo Terrones, el pasado miércoles 7 de diciembre.
Esta situación resulta tanto más absurda porque proviene de un mensaje a la Nación a través de la cadena televisiva peruana, en el cual el citado ex mandatario, pretendió disolver el Congreso por una causal distinta de la señalada en el artículo 117 de la Constitución. No se trató de un forcejeo interno ni tampoco de un conflicto en el seno del Poder Ejecutivo, sino todo lo contrario, un intento explícito de alcanzar el control absoluto del Perú, que no solo comprendía al Congreso, sino además al Poder Judicial, al Ministerio Público en la persona de la Fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional y en general a cualquier institución pública que no estuviere sometida a su férreo mandato.
No es necesario entrar en los detalles de la vacancia por incapacidad moral permanente del expresidente Castillo por la muy clara votación de 101 votos a favor versus 6 votos en contra y 10 abstenciones. Ese detalle es conocido de sobra por el pueblo peruano y por cualquier persona, incluyendo el personal diplomático de las embajadas de los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia, que tenga un mínimo conocimiento de la Constitución Política del Perú. Era un tema que se venía discutiendo en los últimos meses por las múltiples denuncias de corrupción formuladas contra el expresidente Castillo y contra muchos de sus más íntimos colaboradores que eran ministros, exministros, funcionarios de Palacio de Gobierno y/o asesores en los diversos ministerios, que coincidentemente disponían de los mayores presupuestos para la inversión y el gasto público. Todo esto constituye una cadena de hechos materia del más amplio conocimiento público, que no debe sorprender a nadie en el Perú y el extranjero, incluyendo a la OEA, cuyo Secretario General Almagro ya se pronunció públicamente sobre el tema. Con mayor razón cuando han sido difundidos por las más importantes cadenas noticiosas del mundo. Incluyendo CNN, la BBC, FOX y un largo etcétera.
Curiosamente, las únicas personas sorprendidas fueron los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Luis Arce Catacora de Bolivia, quienes en los últimos tiempos vivieron en las nubes sobre los sucesos políticos del Perú, muy al margen de lo que sus respectivas embajadas, probablemente, les estaban informando. Sin duda, se trata de un masivo desencuentro entre la imaginación presidencial de los cuatro mandatarios y de la realidad política peruana, solo atribuible a su empeño de entrometerse en los asuntos internos del Perú. Y esto debe ser rechazado tajantemente por la opinión pública como una inaceptable injerencia en nuestra política interna, que de ninguna manera los faculta a ejercer sobre el pueblo peruano una suerte de tutoría internacional que corresponde a las épocas de un pretérito y caduco imperialismo colonial.
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