Derrocar al poder desnudo
La visión de James Madison al concebir el “check and balance”, elemento esencial del principio de separación de poderes, es entender la naturaleza del hombre con poder para gobernar y que requiere de mecanismos de control y equilibrio que impidan al gobernante, seducido por la ambición, vulnerar derechos de los gobernados. Y es que, si el poder proviene de la voluntad popular y se configura a través del Derecho, este “poder controlado” debe ser la principal garantía del ejercicio de las libertades.
Sin embargo, la realidad desborda toda teoría constitucional. Hoy, la política parece estar divorciada del Derecho y de la Ética, semejante a un “poder desnudo” que busca legitimarse por cualquier medio. Son tiempos en los que nuestro sistema democrático se pone a prueba para garantizar un mínimo de estabilidad al país y no se quiebren las instituciones democráticas. En este sentido, el Tribunal Constitucional está cumpliendo un rol esencial cerrándole la puerta a interpretaciones antojadizas de la cuestión de confianza que no persiguen dar efectividad a la política general de gobierno sino forzar un cierre inconstitucional del Congreso. Además, la medida cautelar concedida por el TC a favor del Congreso en el marco de la admisibilidad de la demanda competencial parece afirmar la clara violación a la Constitución contenida en el acta del Consejo de Ministros, que pasa por alto la ley 31355, cuya constitucionalidad ya fue validada por el Alto Tribunal.
De otro lado, se esperaba que la activación de la Carta Democrática Interamericana diera alternativas de solución con recomendaciones basadas en un análisis objetivo a la luz de los hallazgos y evidencias de corrupción en el Gobierno, señalando la responsabilidad de garantizar transparencia y probidad en su gestión, tal como lo establece este documento internacional. Sin embargo, el Grupo de Alto Nivel (GAN) de la OEA recomienda en su informe final dar “tregua política e invocar al diálogo” pero no figura entre sus hallazgos que el Presiente de la República se encuentra incurso en 51 carpetas de investigación fiscal por delitos de corrupción. Lo que es peor, el GAN le da la responsabilidad de convocatoria a “un diálogo democrático y de consenso” al Gobierno que ha tenido, en todos sus gabinetes, ministros cuestionados por delitos de corrupción y de violencia contra la mujer, entre otros.
Ahora bien, el Congreso no puede escapar a su responsabilidad en la inestabilidad política pues más allá del sustento jurídico que deben tener las mociones de vacancia y acusación constitucional, todo depende de su voluntad mayoritaria, la cual debe verse reflejada en sus votos. Además, la estrategia empleada no solo debe perseguir el fin sino que debe observar los plazos y etapas de los procedimientos para lograr el resultado de forma eficiente evitando la victimización. Y si parte de la salida es una reforma constitucional que nos lleve a un adelanto de elecciones, es prioridad de la representación nacional terminar la reforma política que impida que repitamos la historia.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
