Desaciertos y trompicones

Los primeros días de gobierno del profesor Pedro Castillo han estado jalonados de sorpresas, incumplimiento de normas existentes, incertidumbre y un dólar que se fue disparando peligrosamente. Casi era lo previsible teniendo en cuenta la inexperiencia del hoy presidente y de su entorno político en aspectos de gestión pública, sumado a todo ello, la controvertida presión política de su mentor y dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, que auspició su candidatura y lo llevó a donde está.
A cinco días de haber juramentado en el Congreso de la República, Castillo se vio obligado a acudir a Palacio de Gobierno para despachar desde allí en estricto cumplimiento a las normas existentes para el caso, no obstante haber anunciado que él no lo utilizaría y que sería destinado para uso del aún inexistente Ministerio de las culturas y de un museo.
Este hecho dio pie, incluso, a una pronta intervención de la Contraloría de la República que se vio en la necesidad de emitir un informe de orientación de oficio sobre el registro de visitas en línea y agendas oficiales del Despacho Presidencial. Ocurre que durante esos días de semiclandestinidad, el mandatario optó por ejercer sus funciones desde su domicilio particular en el distrito de Breña, sin ningún tipo de control de sus actividades oficiales ni de quiénes iban a buscarlo para reunirse con él, lo cual dejaba, en el ambiente, una estela de interrogantes y, por cierto, de mucha incertidumbre.
Con ello sólo quedaba en evidencia dos cosas: o se trataba de una persona y la de un grupo de personas cercanas a él que ignoraban de la normativa existente que establecen funciones y responsabilidades para el ejercicio de su labor, por lo cual no estaba preparado para asumir tan alta función de gobierno, o con pleno conocimiento de ello, prefirió ignorar esas normas y hacer lo que le plazca a su entera libertad, violentando el ordenamiento legal existente, que sólo es explicable en regímenes autoritarios y dictatoriales, más no así en una democracia.
El informe de la Contraloría alertó al presidente que de continuar así “no permitirá que se consigne toda la información correspondiente a los registros de visitas y agenda oficial de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin en Palacio de Gobierno, situación que podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública”.
“En torno a lo señalado, el marco normativo legal vigente obliga a transparentar el detalle de las reuniones de los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de la función pública que las entidades del Estado realizan, entre ellas la Presidencia de la República, ello con el fin de asegurar la integridad y transparencia de su actuación en el cumplimiento de sus funciones; para cuyo efecto, en Palacio de Gobierno se han establecido los procedimientos con ese propósito”, señala el informe de Contraloría.
A ese desatino administrativo se sumó la controvertida conformación del gabinete ministerial, empezando por su presidente. Este hecho, además de otras designaciones que se vienen produciendo, obligó al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a cursarle una carta al presidente Castillo para solicitarle que reconsidere la designación de algunos cargos públicos. Dijo que esos cargos deberían ir acompañados de un control “legal, constitucional y un control con la ética pública”. “Tiene que haber coherencia entre la conducta de vida y la función pública que se va a asumir”, señaló Gutiérrez a la prensa.

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