Desacreditada fiscal de la Nación

Según Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, “La Fiscal de la Nación debería actuar con más prudencia, y en consonancia con la responsabilidad que implica su cargo porque, de lo contrario, corre el riesgo de deslegitimar al Ministerio Público (…) (a Delia Espinoza) podría gustarle o no la JNJ, la Presidencia de la República, el Congreso, etc. Pero una Fiscal de la Nación tiene que actuar de manera prudente y ponderada porque, caso contrario, deslegitima la institución que preside; más aún, cuando lanza reiteradas denuncias contra toda persona que se atreva a llevarle la contraria. Esto no puede ocurrir en un país serio”.
Según Álvarez, si la Junta Nacional de Justicia emitiera resolución de “suspensión” contra Delia Espinoza, en caso ella se negase a acatar una eventual suspensión, el Gobierno debe hacer uso de la fuerza pública para cumplirla. “Obviamente la fiscal puede recurrir al Tribunal Constitucional, ante los jueces del Poder Judicial y apelar a otros recursos de naturaleza jurídica; pero, claro, no desprestigiar aún más a su institución”, concluyó.
Según Álvarez, vivimos una preocupante politización de la justicia y judicialización de la política, donde se denuncia a políticos con el propósito de desprestigiarlos. Advirtió que jueces y fiscales son usados como instrumentos por determinados magistrados con poder, actuando en función a intereses políticos y económicos; y no a fortalecer ni beneficiar el Estado de Derecho.
Evaluando el desempeño de Espinoza, hace pocos días la JNJ la suspendió de sus funciones por evidente “falta muy grave”, tras su negativa a acatar una resolución que le ordenó reponer a Patricia Benavides como Fiscal Suprema. Espinoza nunca acató aquella decisión disciplinaria, alegando “falta de garantías al debido proceso”.
Asimismo, Espinoza ha acusado al Congreso y al Ejecutivo de pretender “controlar el Ministerio Público usando a la JNJ como instrumento político”. En respuesta, el abogado de la JNJ denunció que Espinoza lanzó “veladas amenazas” al “advertir” que los miembros del JNJ “terminarían en la cárcel”. Semejante confrontación ha producido una colosal crisis de gobernabilidad judicial, con tensiones entre el Ministerio Público, el Congreso y el Ejecutivo. Una de las consecuencias es que la Junta de Fiscales Supremos, –que, desde comienzos de su gestión apoyó a Espinoza– incorporara y nombrara a Tomás Gálvez Fiscal Interino; un justificado, intransigente enemigo de ella. Por su lado, el Congreso produjo un conjunto de denuncias constitucionales contra Espinoza. Desde otra perspectiva institucional, el desempeño de ésta –como Fiscal de la Nación– ha estado marcado por resistirse a la subordinación institucional y por una invariable falta de colaboración interinstitucional; lo cual, según la JNJ, ha generado inmensa tensión en la Fiscalía. Tanto que, ahora, Espinoza aparece vinculada a investigaciones sensibles contra diversos congresistas y ministros.
La gestión de Espinoza no sólo es controvertida y confrontacional sino políticamente grave; con hondas implicancias negativas para la propia independencia del sistema de justicia. Ella, como sus predecesores –Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos– integran la mafia que politizó el Ministerio Público, incorporando a Gustavo Gorriti como eminencia gris y titiritero político tras bambalinas.

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