Desaguisado legislativo

En la historia republicana, difícilmente por no decir improbable, haya existido un período como el reciente en que el dominio del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, sea tan marcado y nefasto, al punto que el sistema semipresidencialista que establece la Constitución es casi un chiste o una vergüenza como se mire.

Esto resulta evidente durante el proceso de formación de las leyes en el que demasiadas y negativas normas legales son promulgadas por insistencia por el propio Congreso pitorreándose en las observaciones del Jefe de Estado o ante el resignado silencio de la sucesora presidencial que deja vencer el plazo constitucional para no hacer olas.

También es notorio en la ausencia de contrapeso del Gobierno frente al funcionamiento y control político que ejerce el Parlamento con lo que la separación y sano equilibrio de los poderes estatales dispuesto por la Ley Fundamental es hoy apenas nominal. Pero, claro está y así se tiene que decir, que todo ello responde a una suerte de pacto de facto de supervivencia entre los dos Poderes de marras en el que uno gobierna débilmente como puede mientras el otro legisla a sus anchas con su variopinta mayoría llevándose de encuentro lo que se oponga a sus intereses subalternos sin importarle el costo institucional, económico, social y jurídico que acarrea . La cosa es durar juntos lo más que se pueda, y si es hasta el 2026, mejor que mejor.

Se dirá que esta triste realidad es el mal menor frente a lo incierto que vendría, máxime dada la ausencia de una mejor alternativa democrática. Vale. Empero, al menos y si no es mucho pedir, que se le ponga un alto a la aberrante consigna del Legislativo de “legiferar” normas ilícitas que más parece la obra de una banda u organización criminal en su beneficio.

Como la impresentable “Ley Soto” pasó por el aro, la insólita mayoría de la Representación Nacional que tenemos se ha convencido que puede seguir demoliendo la Justicia Penal en favor de los más inicuos y turbios intereses. Hace poco ha entrado en vigencia la ley que limpia a los partidos políticos de cualquier responsabilidad penal así actúen como instrumentos para delinquir.

Y, ahora, lista para que el Ejecutivo la promulgue aparece la “Ley Cerrón” –a iniciativa del hermano del mayor y poderoso prófugo condenado del país– que de ser sancionada mutila los alcances y eficacia del ordenamiento legal contra la criminalidad organizada , afectando gravemente la persecución del delito y la seguridad del Perú y de los peruanos. ¿Qué hará doña Dina?.

Aunque pueda sonar ingenuo, nos queda el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para intentar detener tanta tropelía. Y, si no, por qué no llamar a la justa indignación, protesta y movilización ciudadana. Después de todo, la esperanza es lo último que se pierde. ¡AMÉN!

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