Desalinizar agua en Lima la asegurará para todos

El acceso al agua potable y al saneamiento es una de las piedras angulares de la salud pública, el desarrollo humano y la productividad de un país. En pleno siglo XXI, resulta inconcebible que en Lima —la capital de un país que exporta minerales, alimentos y energía— cerca de un millón de personas viva aún sin acceso regular a este derecho básico. Esta brecha no solo refleja décadas de abandono estatal; también es un obstáculo para el crecimiento económico, pues limita el potencial de millones de limeños que viven en condiciones precarias.
En este contexto, la preocupación demostrada desde la Municipalidad Metropolitana de Lima por las zonas más vulnerables de la ciudad adquiere un valor social significativo. Su decisión de impulsar la instalación de caños en asentamientos humanos que nunca habían tenido agua corriente, revela una visión que va más allá de la obra física: busca dignificar la vida de los sectores históricamente marginados.
Por ley, la provisión y administración del agua potable y el saneamiento corresponde a Sedapal, empresa pública nacional bajo la tutela del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima no es un actor pasivo. Tiene facultades clave que pueden acelerar la expansión de redes: planificación urbana, habilitación de suelos, coordinación de obras complementarias, fiscalización de edificaciones y gestión de programas de inclusión social.
Cuando la municipalidad se involucra activamente —identificando zonas críticas, priorizando proyectos, articulando con Sedapal y gestionando recursos— las iniciativas se convierten en políticas sostenibles. Esta es una gestión que Lima necesita para reducir la brecha que aún separa a la capital moderna de sus cinturones de pobreza.
Cada caño que llega a una familia significa menos gasto en agua de cisternas, más higiene, menos enfermedades, más asistencia escolar y mayor productividad. Desde una perspectiva económica, cerrar la brecha hídrica reduce costos en salud pública y genera retornos en productividad laboral. En un país que aspira a diversificar su economía, garantizar servicios esenciales es el punto de partida.
El desafío es convertir estas intervenciones en un programa integral de inclusión urbana. No basta con sumar obras: se necesita una hoja de ruta que conecte planificación urbana, servicios básicos, vivienda digna y acceso a oportunidades económicas.
En ese sentido, resulta estratégico explorar nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento. Hoy existe una experiencia concreta en Santa María del Mar, donde una planta desalinizadora adquirida por los propios vecinos produce agua potable no solo para ese distrito, sino también para zonas como Naplo, Pucusana y San Bartolo, mediante un contrato de suministro a SEDAPAL, que se encarga de distribuirlo, lo que implica un modelo de asociación público privada. Esta solución local demuestra que es viable generar agua segura desde el mar.
Frente a la creciente demanda hídrica de los conos norte y sur, proponemos una alternativa realista: que los municipios con playas, mediante contratos con Sedapal, impulsen plantas desalinizadoras costeras que les permitan cubrir parte de su consumo. De ese modo, el agua que actualmente se les asigna desde el sistema central podría ser redirigida a las zonas más necesitadas, utilizando las mismas redes troncales existentes. Esta propuesta es técnicamente viable, replicable y más rápida de implementar que los costosos trasvases intercuencas desde la Amazonía.
Por supuesto, existen desafíos: el costo de desalinizar agua es mayor que el de potabilizar fuentes tradicionales, y se requiere garantizar eficiencia energética, buen manejo ambiental y sostenibilidad tarifaria. Pero con voluntad política, financiamiento adecuado y coordinación institucional, los beneficios sociales justifican plenamente la inversión Estatal.
La capacidad de gestión que viene demostrando la Municipalidad Metropolitana de Lima, al destrabar y ejecutar proyectos emblemáticos que permanecieron años paralizados —como la Vía Expresa Sur o la ampliación de la Ramiro Prialé— constituye una evidencia de que, con buena planificación y liderazgo institucional, es posible, en corto tiempo, concretar grandes obras de infraestructura que generan beneficios sociales de largo alcance.
Estas experiencias muestran que no se trata únicamente de disponer de recursos financieros, sino de articular voluntades políticas, coordinar con distintos niveles de gobierno y asegurar mecanismos de control que eviten la parálisis administrativa.
El agua y el saneamiento son derechos humanos reconocidos internacionalmente. Garantizarlos no es un gesto asistencialista, sino un paso indispensable hacia la igualdad de oportunidades. Que la Municipalidad Metropolitana de Lima venga asumiendo un rol proactivo junto a Sedapal marca un cambio de enfoque: el gobierno local deja de ser un espectador para convertirse en socio estratégico del desarrollo humano. Avanzar en esta agenda es avanzar en salud, dignidad y productividad para todos los limeños.

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