Descomposición política

Se evidencia una descomposición política en el Perú que viene desde gobiernos anteriores. La desconfianza ciudadana es por el descrédito de los electos para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no solamente porque han mostrado incapacidad para resolver los problemas nacionales que afectan a la población sino porque hay corrupción que ya no se puede silenciar. Se carece de formales organizaciones políticas solventes –debida y legalmente constituidas– sustentadas en principios teóricos, ideológicos y democráticos y con eficientes y racionales programas de gobierno sociopolíticos y económicos racionales posibles de ejecutar. Los “sectores” de derecha, liberales, de izquierda “u otros” que han logrado “electos” para el Ejecutivo o Legislativo, en lugar de estudiar y gobernar positivamente y encontrando consensos, prefieren la confrontación política con sus oponentes; además no tienen exponentes y/o dirigentes prestigiados que conduzcan y/u orienten a sus “militantes” electos. En los últimos lustros hay ausencia que en “las organizaciones políticas” se expongan posiciones defendiendo efectivamente las libertades y derechos sociales y económicos. Hay constante incremento de la informalidad y la pobreza. Ya vivimos un estado de crisis no solamente política. El proceso de descomposición genera desorden, divide a las partes y hace perder un estado saludable en la sociedad. Las actuales radicales movilizaciones “populares” son consecuencia de la anarquía política en los Poderes Ejecutivo y Legislativo que en algunos sectores está sirviendo de aprovechamiento para llegar a la subversión. Las cantidades de gentes “movilizadas” en algunos sectores del país nos está mostrando que la intención política es que cesen las actuales autoridades y congresistas y que de inmediato haya elecciones generales. Ya se “exige” el apartamiento de la Presidenta (por sucesión presidencial), abogada Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Y hasta ya está siendo “objeto” de investigación en el Ministerio Público. Dejando ese cargo, sería reemplazada por el presidente del Congreso y éste tendría que convocar a nuevas elecciones, las que pueden ser este 2023.  Es momento de frenar y paralizar la anarquía política y que la actual Presidenta, sus ministros y funcionarios, así como todos los congresistas, sin objetar llevar a cabo elecciones generales a la brevedad, en el poco tiempo que les queda “en sus cargos”, por lo menos resuelvan los más graves problemas nacionales, consoliden la economía nacional y combatan con fuentes de trabajo estable el incremento de la informalidad laboral y la pobreza. Es necesario evitar las convulsiones sociales y frenar resucite la subversión.