Desconfianza en la justicia
No hay que entusiasmarse por la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de “ampliar las diligencias preliminares de investigación (…) a efectos de comprender a José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República, por la presunta comisión de delito de Organización Criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal, Tráfico de Influencia Agravado tipificado en el artículo 400, Colusión Agravada, tipificado en el artículo 384, y por los delitos que se adviertan en el curso de las investigaciones, precisando que los ilícitos penales habían sido cometidos en el marco de la organización criminal de la que formaría parte” el hoy investigado Castillo. ¡Suena fuerte el contenido! Pero habrá que ver qué fuerzas políticas mueven los hilos del poder al momento que este apéndice del sistema de Justicia, llamado Fiscalía de la Nación, analice, contraste y finalmente resuelva este caso, cuyas consecuencias sin duda determinarán si Perú pasa a formar parte de esa ‘patria grande plurinacional´ del castro-chavismo –comunismo sudaca-, o si recuperará sus pergaminos democráticos y el país vuelve a enrumbarse por la senda del Estado de Derecho. Conviene recordar lo que sucede con los ex mandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra.
Y posiblemente, sucederá igual con Sagasti. El primero de ellos viene siendo investigado por la actual Fiscalía hace ya siete años. Y hasta ahora, el país no está convencido de si acabará siendo procesado por la Justicia. Pero lo que más importa, condenado de acuerdo a la gravedad de los delitos que habría cometido. En idéntica circunstancia están Humala, Kuczynski y Vizcarra. Es más, respecto a este último la Fiscalía de la Nación lo investiga hace al menos ocho años –desde su paso por la gobernación de Moquegua- y aún no existe acusación formal alguna contra este miserable. ¡Imaginemos entonces el tiempo que transcurrirá para verlo condenado! Ya no sólo por corrupción sino por asesinato, como consecuencia de su fallido paso por la presidencia de la República y su desempeño delincuencial durante la pandemia Covid.
Desafortunadamente el Perú acepta -con total normalidad- la inconducta de todas sus autoridades. Tanto en los poderes Ejecutivo como Legislativo y Judicial, incluyendo sin duda al Ministerio Público. Pero esta tara, amable lector, no funciona en las naciones exitosas, donde la gran mayoría de la gente trabaja, cumple con la ley y mantiene un cómodo nivel de vida. ¡Que, probablemente, sería a lo que debiéramos apuntar como ciudadanos del mundo en pleno tercer milenio! Lamentablemente no es así. ¡Y por eso es que estamos como estamos, amable lector! Porque nos satisfacemos con la anomia y, fundamentalmente, con la politización de nuestra Justicia. Pero desafortunadamente, los políticos tienen la sartén por el mango, porque son quienes producen las normas infectas que permiten que la politiquería manipule antojadizamente a jueces y fiscales.
¡El día que volvamos a contar con un Fiscal de la Nación de la talla de Gonzalo Ortiz de Zevallos Roel –nombrado por Fernando Belaunde Terry- y vocales supremos como Javier Villa Stein, habrá cambiado el Perú!
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