Desempeño de la Inversión Pública en el año 2023

El Presupuesto Público del 2023 (MEF) fue de 249,989 millones de soles, de los cuales, el destinado a la inversión pública fue 66,370 millones de soles (26.5% del presupuesto total), un incremento del 7.9% con respecto al año anterior.

A pesar de este aumento, hasta noviembre solo se ejecutó el 60% del presupuesto para inversión pública (39,481 millones de soles), que finalmente es menos del 18% del total del presupuesto.

Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, el gobierno centró sus esfuerzos en medidas de corto plazo y en la expansión del gasto público.

Se buscó destrabar proyectos emblemáticos como Majes Siguas II en Arequipa, Chavimochic III en La Libertad y el Anillo Vial Periférico en Lima, con la esperanza de generar un efecto positivo en la inversión privada.

Sin embargo, la reactivación económica no se materializó, y actualmente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta una recesión del -0.5% en el Producto Bruto Interno (PBI).

La inversión pública, que había experimentado un crecimiento del 7.7% en 2022, ahora la proyecta con un modesto crecimiento del 1.0%, principalmente debido a la disminución en la inversión de los gobiernos subnacionales (regionales y locales), con un aumento del 20% en 2022 y una reducción del -8.0% en 2023.

El desempeño varía entre los niveles de gobierno. A noviembre, la ejecución del Gobierno Nacional aumentó en un 23.3%, invirtiendo 17,596 millones de soles. Los gobiernos regionales expandieron su inversión en un 6.5%, alcanzando los 7,956 millones de soles.

En cambio, los gobiernos locales tuvieron un desempeño negativo, ejecutando solo 13,928 millones de soles, lo que representa una disminución del -13.4% en comparación con el mismo período de 2022.

Hasta noviembre de 2023, 10 de los 25 gobiernos regionales ejecutaron menos del 50% de su presupuesto para inversión. Áncash, Callao y Tacna registraron el menor avance, mientras que Arequipa, Junín y Ayacucho lideraron con más del 70% de ejecución.

La inversión pública de los gobiernos locales experimentó una reducción del 23.4%, relacionada con el cambio de autoridades en enero de 2023.

Entre diciembre de 2022 y octubre de 2023, los ingresos anualizados del gobierno registraron una disminución equivalente a más de 2 puntos del PBI, reduciendo el margen para un mayor gasto fiscal. Actualmente, el BCRP proyecta un déficit fiscal acumulado del 2.7% del PBI a noviembre de 2023. Diluyéndose el impacto reactivador del esfuerzo fiscal del gobierno.

Para reactivar la economía en el próximo año, se identifican desafíos institucionales en los gobiernos subnacionales, especialmente en la programación y formulación de expedientes técnicos para proyectos.
Obstáculos identificados incluyen la complejidad de los procesos de inversión pública, señalados recientemente por el BCRP, debido a trabas burocráticas. Se propone la exploración de modalidades de ejecución de Gobierno a Gobierno y la contratación de proyectos con organismos internacionales para agilizar obras públicas.

A pesar de las históricamente altas transferencias de Canon y regalías, su ejecución ha empeorado año tras año, contribuyendo a la paralización y atomización de proyectos de inversión pública, especialmente a nivel regional y local. Se estima que existen alrededor de 2 mil obras paralizadas a nivel nacional que vienen desde años atrás.

Además de la asistencia técnica, se sugiere la implementación de un sistema de acreditación de competencias para gobiernos subnacionales y una evaluación de impacto para garantizar resultados tangibles y eficientes.

Para optimizar costos y lograr impactos significativos, se propone estandarizar expedientes técnicos para infraestructura escolar, de salud y otros, adaptándolos a la situación de cada gobierno local.
Además de fortalecer el Sistema Nacional de Control, es imperativo abordar la corrupción en los distintos niveles de gobierno mediante mayor transparencia, vigilancia ciudadana.

Desde la perspectiva de los gobiernos subnacionales, que cuentan con un plazo limitado de cuatro años para ejecutar obras, se destaca la tendencia a atomizar la inversión en proyectos poco integrales debido a los bajos montos asignados. Se sugiere regular la administración directa de obras.

Un problema recurrente en los retrasos de proyectos de inversión pública ha sido la demora en la entrega de terrenos por parte del Estado a las constructoras. Se propone facilitar la expropiación de predios para obras públicas, incentivando a los propietarios con mayor presupuesto.

En última instancia, es esencial revisar el Sistema de Contrataciones Públicas y considerar una nueva Ley de Contrataciones que agilice los procesos de ejecución de la inversión pública, adaptándolos a las necesidades tecnológicas de los proyectos, en un contexto de calidad-precio.

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