Designaciones controvertidas

El gobierno del profesor Pedro Castillo no deja de sorprendernos. Desde que asumió el mandato y abandonó su lugar habitual de trabajo en palacio de gobierno para despachar desde su casa los primeros cinco días, fuimos advertidos que las nuevas autoridades vinculadas al partido Perú Libre podrían trasgredir, fácilmente, las normas para llevar a cabo sus propósitos. Para tranquilidad de la población, sin embargo, instituciones muy importantes como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el propio Congreso de la República tuvieron la iniciativa de alertar al mandatario que estaba cometiendo faltas administrativas con su actitud, por lo que el presidente tuvo que entender que debía despachar desde su oficina en palacio de gobierno.

Sin embargo, lo recurrente en las decisiones tomadas por las nuevas autoridades del gobierno está en las designaciones equivocadas para los altos cargos de la administración pública, atendiendo solo los requerimientos del partido del señor Vladimir Cerrón, sin importar si los designados cumplen o no con los requisitos mínimos para ocupar esas plazas o si tienen el perfil profesional adecuado para cubrir esas vacantes. La prensa da cuenta todos los días de esas designaciones políticas, destacando que no se está cumpliendo con las leyes ni normas existentes para cada uno de esos casos.

El ingreso de funcionarios o empleados de confianza en las empresas del Estado en las cuales este sea accionista mayoritario no está sujeto al capricho del gobernante  o a sus cambiantes estados de ánimo. Se rige por los procedimientos establecidos en la ley de funcionarios públicos y empleados de confianza, en la ley marco del empleo público o en lo normado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que parece desconocer por quienes han accedido hoy al gobierno. Caso contrario, no se podría entender cómo designan empleados de confianza a personas que tienen antecedentes policiales o judiciales, han hecho apología al terrorismo, no tienen la experiencia requerida o, simplemente, son activistas de Perú Libre, como única carta de presentación.

La ley es muy clara. Parte de una precisión: función pública, es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Mientras que designación es el acto administrativo por el cual la autoridad determina la contratación de un empleado de confianza. La designación se sujeta únicamente a la voluntad de la autoridad competente. Y como para evitar las malas prácticas en su aplicación, señala limitaciones expresas para una contratación. Una de ellas, tiene que ver con los cargos que pueden ser designados. Se dice, “son aquellos técnicos o políticos que se ubican en el entorno de los funcionarios públicos o que sean necesarios para una adecuada gestión de la entidad, señala. Y como resulta obvio, será imposible de cumplir una “adecuada gestión” si se optan por personas incompetentes o sin experiencia alguna. Es el riesgo de no cumplir con la ley.

Si bien la designación de funcionarios o empleados de confianza en los más altos cargos de la administración pública ha sido una atribución de siempre de los gobiernos de turno, ninguno como el actual para convocar a personas de tan controvertida expertise. Con ello sólo se ha puesto en evidencia la orfandad que tiene Perú Libre de tener cuadros propios lo suficientemente preparados para asumir las responsabilidades de gestión púbica y, al mismo tiempo, su vocación autoritaria de resistirse a convocar a los mejores, sin importar su procedencia ideológica.

Ante esta situación, el congreso dentro de su labor fiscalizadora debe de actuar de inmediato convocando a los titulares de los respectivos sectores para que   expliquen de estos nombramientos y corrijan lo que haya que corregir para el bien del país, evitando el descalabro que amenaza venir si es que no se toman los remedios del caso.

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