Desigualdad por la precariedad de los derechos sociales en el Perú

Desde nuestra fundación como república, la desigualdad social, reflejada en la falta de acceso a derechos para el conjunto de la sociedad, se plantea como un reto que no somos capaces de solucionar.
En 2023, la pobreza monetaria alcanzó al 29% de nuestra población, hecho que refleja la desigualdad y, obviamente, tiene que ver con falta de oportunidades de desarrollo. Sin embargo, es innegable que estamos en un país repleto de oportunidades. Los innumerables ejemplos de progreso, tanto de migrantes como de connacionales, son la muestra.
En Perú, si trabajas duro, logras mejorar tus condiciones de vida, sea en la formalidad o en la informalidad. Las oportunidades están puestas para quien las quiera tomar, es cierto.
Pero también es cierto que, para acceder a esas oportunidades, se requieren posibilidades productivas y competitivas y un entorno seguro donde desarrollarnos como seres humanos.
Entonces, podría decirse que uno de los principales problemas que enfrentamos está relacionado con poseer competencias para la vida en sociedad, algo que se debería enseñar en los colegios.
Al respecto, si observamos el Currículo Nacional de Educación Básica, notaremos que, efectivamente, se promueve la educación desde el enfoque de competencias, que incluyen capacidades y desempeños. Lamentablemente, los resultados esperados no se reflejan en la realidad; algo relacionado con la terrible calidad de docentes que parasitan la educación pública y que, al nombrarse, ganan más de 3 mil soles en su primera escala, pudiendo alcanzar más de 8 mil soles en la octava.
A la mala calidad de docentes, se suma la deserción escolar, que es más alta en zonas rurales y alejadas, principalmente en secundaria.
Según el MINEDU, en 2021 la tasa de deserción escolar en el Perú llegó al 6,3%. Además, ese mismo año, una encuesta del INEI difundió que 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no habían finalizado su educación secundaria.
Pero el problema no está solo en la calidad de la educación. Si hablamos de posibilidades productivas, competitivas y un entorno seguro, terminamos remitiéndonos, inevitablemente, al concepto de derechos sociales (T.H. Marshall), que incluyen la educación, la salud y la seguridad pública, derechos de los que requiere cualquier sociedad democrática para que sus ciudadanos puedan acceder libremente a espacios de participación donde puedan desarrollarse.
Sin embargo, en el Perú, estos derechos, a pesar de que, en el papel, en la norma, se salvaguardan (pues la redacción en nuestra constitución es muy clara, e institucionalmente el Estado invierte recursos en ellos), en los hechos no están asegurados: algo no funciona bien, todo es trunco, todo está solo a medias y es ineficaz.
Por el lado del derecho a la salud, basta abrir los ojos para reconocer que el sistema público no garantiza el acceso a salud de las personas: instalaciones en mal estado, falta de medicinas, saturación del sistema. Incluso el seguro social presenta grandes deficiencias que limitan el derecho de los asegurados.
Por el lado de la seguridad… ¿quién se siente seguro? Los asesinatos a balazos se han vuelto una constante, la extorsión ya parece formar parte de la dinámica de la economía peruana. Mientras tanto, nuestros poderes tutelares se encuentran en una guerra institucional que inició hace algunos años, y que parece representar intereses de grupos específicos.
Sabemos que gran parte de la responsabilidad recae en la corrupción imperante: más de 24 mil millones de soles perdidos en 2023, según el anterior contralor, y no se están contabilizando todos los casos de tráfico de influencias para acceder a cualquiera de estos derechos.
Pero, seamos sinceros, en el fondo es nuestra culpa, los peruanos somos permisivos con el abuso de poder; lo somos por empatía o sumisión, da lo mismo.
Y eso es aprovechado por quienes, por intereses particulares, luchan por el poder. Siempre ha sido así. Nuestra historia republicana es muestra de ello: a pesar de todo (los cambios de constitución, la reforma agraria y la liberalización económica de nuestra sociedad), la desigualdad nunca ha logrado eliminarse.

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