Despenalizar la política

La resolución del Tribunal Constitucional que anula el juicio por lavado de activos contra Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, devolviendo a foja cero la investigación fiscal sobre aportes irregulares en campaña, revela lo que muchos analistas sostuvimos al inicio de la investigación: la manipulación fiscal del caso como un mecanismo de persecución política que buscó dañar la participación electoral de una organización partidaria que sigue siendo un referente en la escena política contemporánea del país.
¿Acaso alguien con dos dedos de frente dudó respecto a que una acusación fiscal devuelta por el juez hasta en nueve ocasiones para ser corregida y reformulada, que incluyó a la candidata presidencial y otras 41 personas, y más de 1800 testigos, y que presentó la acusación en un solo paquete sin individualizar, de acuerdo con la ley, ni el delito del que se acusa ni los elementos de convicción que sustenten cada cargo, terminaría cayéndose por falta de pruebas concretas sobre los hechos imputados?
Lo dijimos cuando se atropellaron los derechos de la candidata Keiko Fujimori y se la privó de su libertad por más de un año, mientras los fiscales Vela y Pérez preparaban este mamarracho de acusación fiscal que hoy, afortunadamente, se desestima como corresponde.
¿Podríamos hablar en este caso de persecución política bajo el mecanismo de acusación fiscal? ¿Cuántos más podríamos enumerar?
Las nefastas consecuencias de lo ocurrido estos últimos años con Fuerza Popular no son solo judiciales. El peor daño que genera este tipo de procesos judiciales forzados por la Fiscalía Anticorrupción especializada en lavado de activos es haber espantado a peruanos de buena reputación del ejercicio político y la acción gubernamental. Hablamos de un costo en la administración de la justicia, de un costo en la participación política, de un costo en la institucionalidad democrática y de un costo en la credibilidad del Ministerio Público.
¿Cuál es el costo real de todo este proceso en los últimos 10 años?
Lo más trágico es que el esfuerzo puesto en acusaciones sin sentido y sin sustento perpetrado por estos fiscales, hoy caídos en desgracia, debió estar dirigido a investigar a actores que sí lavan dinero a través de supuestas actividades empresariales que no tienen sustento real, así como a organizaciones criminales que financian realmente a políticos que buscan blindar actividades ilegales notorias y claramente perjudiciales para la economía del país.
Lo cierto es que, si los peruanos seguimos judicializando la política e intentando penalizarla por intereses que escapan del fuero penal estrictamente, y no investigamos aquellos casos que sí muestran claros indicios de infiltración de la actividad ilegal en el ámbito político, continuaremos minando los cimientos de una democracia que continúa debilitándose institucionalmente, permitiendo que apuestas autoritarias y dolosas sigan viendo al Estado como un botín que podemos asaltar cada cinco años.
O damos un giro de 180 grados y fortalecemos la institucionalidad democrática, o seremos víctimas de una guerra sin cuartel, donde la anarquía se apodera de todos los ámbitos del ejercicio público.

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