¡Despoliticemos la justicia!

Atentando contra las mayorías nacionales, día a día continúan creciendo y creciendo las corruptelas, las irregularidades y las inmundicias en general, al interior de la Fiscalía de la Nación peruana. Lo hemos manifestado en más de una oportunidad. El asimismo llamado Ministerio Público del Perú se ha convertido en un antro de intereses políticos. ¡Y ha llegado a un punto de no retorno!
Por tanto, necesita reorganizarse sujeto a normas acordes con la realidad del país. Aunque, además, enmarcado en estrictos estatutos semejantes a los que rigen estas instituciones en naciones avanzadas. No imitando a países bananeros, como en estos momentos. Porque la conducta de la Fiscalía de la Nación peruana se asemeja a la nicaragüense, cubana o venezolana; antes que a los países que mantienen un estatus más bien ligado a las naciones europeas, como el caso de Chile o Argentina.
La deriva más peligrosa del Ministerio Público nacional estriba en su extrema politización. No por otra razón que porque, desde hace un cuarto de siglo, permanece secuestrada por la extranjerizante mafia caviar que capitanea un tal Gorriti; afiebrado, presumido y muy fiel colaborador del sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, de quien consiguiera poderes fácticos para convertirse en zar, respaldado por opacos sectores del judaísmo operados por grandes ONG, como la del cuestionado George Soros, manipulador de naciones (Caso Gran Bretaña) basado en la fortuna que ha amasado, apelando a negocios siempre polémicos.
¡Pareciera más complejo de lo que es el enjambre de ONG al que tiene acceso Gorriti a través del Instituto de Defensa Legal (IDL)! Pero no. Allí éste ha ensamblado un amasijo de intereses políticos, sociales, mediáticos, etc., que convergen en la necesidad de secuestrar la Fiscalía para defenderse de sus fechorías ante el Estado, para lo cual han retorcido las funciones que competen al Ministerio Público a fin de usarlas como instrumento coercitivo de Justicia para su entorno, en grave desmedro de la seguridad jurídica del país.
En efecto, la estrategia de Gorriti se caracteriza por usar la Fiscalía como punta de lanza del aparato jurisdiccional del Estado, para amedrentar a los dos restantes poderes constitucionales —Legislativo como Ejecutivo— apelando a la politización de todos los problemas nacionales. En particular, para desacreditar a las figuras que lo presiden, haciéndolo extensivo a las distintas reparticiones públicas que dependen de ambas jurisdicciones.
En pocas palabras, hoy en día el Estado peruano está secuestrado por el aparato judicial, que se encuentra al servicio del Ministerio Público y cuya cabeza fáctica más invisible es el inefable Gustavo Gorriti. Hablamos de un todopoderoso operador del tortuoso aparato extorsionador que arrasa con quien se le plante delante, apelando, repetimos, a la ju-di-cia-li-za-ción de lo que aún queda de constitucional del otrora sistema de Justicia peruano, transformado ahora en furgón de cola del feudo de Gorriti, operador indiscutible de la Fiscalía de la Nación.
Hoy el mayor problema nacional es la falta de Justicia. Algo verdaderamente angustiante que amenaza convertir las elecciones 2026 en otra farsa, facilitando que esta vez triunfe el representante de la mafia caviar.

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