Destrucción arqueológica en Lima: patrimonio cultural en riesgo

El antropólogo José Joaquín Narváez Luna es uno de los autores que ha investigado y documentado el “arrasamiento” de zonas arqueológicas en Lima a lo largo del siglo XX en su estudio titulado “La destrucción del patrimonio arqueológico en el valle del Rímac-Perú”, publicado en https://equiponaya.com.ar/congreso/ponencia3-3.htm

Narváez Luna plantea que fueron cinco formas de destrucción de los monumentos arqueológicos del valle de Lima de los últimos 50 años: destrucción por urbanizadoras (especialmente entre las décadas del 40 y el 60); destrucción por el estado y municipios (al construirse obras de carácter público); por invasiones, y al reconstruirse sitios arqueológicos para habilitarlos al turismo.

En cuanto a la “voracidad” de las urbanizadoras, el caso más representativo es el de Huaca Pucllana, pirámide de 30 metros de altura ubicada en Miraflores y perteneciente al Intermedio Temprano-Horizonte Medio 1 y a la cultura Lima o Maranga.

Si bien Pucllana, a pesar de los grandes destrozos, pudo salvarse, otros monumentos arqueológicos no tuvieron mejor suerte. Según un estudio que Narváez efectuó en 1994, “sólo se conserva el 27% de los monumentos arqueológicos existentes en 1944 en los distritos de Lima (Industrial), Breña, San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena del Mar”. Otro caso ocurrió en 1943, año en que se demolió la pequeña huaca llamada San Isidro, situada entre la Huaca Pan de Azúcar y el Golf de San Isidro, a solicitud de la sucesión Luisa Paz Soldán de Moreyra (Ravines, 1985: 74).

En cuanto a la destrucción por el Estado y municipios, está el caso de la destrucción de la Huaca Concha durante la remodelación del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, las invasiones y asentamientos humanos modernos en zonas arqueológicas se han dado por ejemplo en Armatambo (cerca al Morro Solar en Chorrillos), Cerro La Regla y Garagay (San Martín de Porres), Pampa de Cueva (Independencia), Canto Chico y El Sauce (San Juan de Lurigancho), Huaquerones (Ate-Vitarte), Villa el Salvador y El Ferroviario (Villa el Salvador), etc.

El problema que surge para Narváez es que se dieron nuevas leyes que legitiman la destrucción del patrimonio, por ejemplo los Decretos Supremos Nº 028-97-PCM y el 017-98-PCM, que pretenden regularizar la situación de las poblaciones que ocupan zonas arqueológicas para darles títulos de propiedad; asimismo la ley Nº 26961, “Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística” en la cual se entiende a los sitios arqueológicos como “Zonas de Potencial Turístico” y ya no como Patrimonio Cultural considerándosele solamente como un mero producto económico, y el Decreto Supremo Nº 008-98-AG “con la cual se transfieren terrenos eriazos al Sector Privado para desarrollo agrícola, así contengan sitios arqueológicos, frente a los cual el INC sólo tendría quince días para pronunciarse sustentado su posición con planos perimétricos, memorias descriptivas y ubicación de coordenadas UTM, cuando en la mayoría de los casos no existen dicha información para los sitios conocidos y menos aún para los sitios desconocidos, y que evidentemente se encuentran en zonas eriazas”.