Detención preventiva y drama carcelario

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió varios informes advirtiendo sobre el uso excesivo o abusivo de las detenciones preventivas en el país y en el hemisferio. Y, estos últimos meses, los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no solo han alzado sus voces para señalar que esa medida debe tener un carácter excepcional, el más extremo, limitado por los principios de legalidad y presunción de inocencia, sino que han dictado sentencias que acogen dichos preceptos.

Esa es la línea reflexiva de las ejecutorias de la Corte Suprema, que anuncia un pleno casatorio para orientar a los magistrados sobre el uso proporcional de la prisión preventiva, que evite abusos o, como expresan destacados juristas, que esa medida se interprete como una sentencia anticipada que afecta a los más pobres y no, como se dice, a políticos o empresarios poderosos que representan un porcentaje mínimo en esta categoría.

Conforme a la información estadística que proporciona el Instituto Nacional Penitenciario-Inpe, tenemos en “el país 55 mil presos sentenciados y 36 mil en condición de inculpados o procesados, quienes pueden resultar inocentes o con pena inferior al tiempo de la detención provisional. A fines del 2018 había 112,526 reclusos, de los cuales 90,934 se encuentran en 68 establecimientos penitenciarios y 21,592 cumplen pena extramuros, cifra a la que debemos agregar unos dos mil menores de los centros juveniles.

De los internos, 52 mil no cuentan con cupo o espacio en los centros y, por tanto, sobreviven en un ambiente de hacinamiento que los degrada como seres humanos y hace inviable cualquier esfuerzo por rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad, que es el objetivo de la ciencia penitenciaria.

Algunas cifras proyectan la magnitud del problema.

El penal del Callao tiene capacidad para 572 internos, pero cuenta con una población de 3,090, es decir 440 % más, con el agravante de que el pabellón de alta peligrosidad dispone de un espacio para 100 personas y ahí sobreviven hacinados 700 detenidos.

Lurigancho tiene lugar para 3,204 internos, pero aloja a 10,363, un exceso de 223 % y el Miguel Castro Castro su capacidad es de 1,142 personas, pero aloja a 5,633, un exceso de 393 %.

La misma situación se presenta en el interior del país.
En Arequipa la sobrepoblación es 226 %, en Camaná 410 %, en Tacna 339 %, en Chanchamayo 463 %, en Ayacucho 335 %, en Pucallpa 328 %, en Abancay 320 % y en Quillabamba 318 %, para citar algunos casos”.

Lo dicho puede explicar porqué unas 7,500 personas tienen ingresos a las cárceles y, por qué desde los penales se planifican muchos de los actos delictivos.
Proyectamos esas cifras no solo para señalar que los excesos de las detenciones preventivas acentúan el problema referido, sino para demandar como parte de la política nacional la construcción de nuevos penales, que atiendan a unas 60 mil personas adicionales. Penales, además, que se diseñen como centros de trabajo y de educación, porque actualmente son depósitos de seres humanos.

Además de lo dicho, es hora que una comisión especial determine un indulto amplio para quienes están presos por delitos menores, para los 2,684 detenidos por no pasar pensión alimenticia, para ancianos que pueden purgar condena en su domicilio, para quienes se encuentran gravemente enfermos y para expulsar del país parte de los 1,800 extranjeros detenidos, en su mayoría por paqueteros.

Esa son tareas urgentes que demanda la sociedad, como también reclama mejorar las remuneraciones y capacitar a los trabajadores penitenciarios.
Solo así, pensamos, se avanzará en combatir la inseguridad que afecta al país.

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