Diálogo entre sordos

La convulsión social que se vive en el interior del país se produce en regiones en las que las carencias económicas, las escasas oportunidades y la falta de acceso a servicios públicos básicos son las principales características. Regiones donde viven peruanos olvidados por un Estado indiferente y muchas veces insensible ante sus demandas, con gobiernos regionales con deficiente ejecución del gasto público y autoridades procesadas por corrupción. Esta situación crítica es el perfecto caudal de cultivo para germinar ideologías violentas y aprovecharse de las demandas legítimas de una población cansada de no ser parte de la agenda pública.

Y no es justo. No es justo que tengamos una clase política que aún en estos momentos de emergencia aproveche este escenario para impulsar sus propias agendas con propuestas que atizan el fuego y que favorece a los subversivos que quieren traer abajo el Estado de Derecho impulsando una asamblea constituyente y nuevas elecciones sin las reformas constitucionales necesarias para no repetir la misma historia. Perpetuarse en el poder parece ser lo único que les interesa y para eso crear el caos es el camino que conduzca al Gobierno a dar un paso al costado y tener el camino libre para capturar la mesa directiva del Congreso así sea pasando por encima de la Constitución.

De otro lado, la injerencia de Evo Morales ha sido más que evidente desde el 2018, año en el que estuvo presente en la clausura del 'Cuarto Gabinete Ministerial Binacional Perú Bolivia' realizado, Cobija Pando. Después vendría la reunión de los exgobernadores de Puno y Moquegua, Walter Aduviri, vacado y sentenciado por el 'Aimarazo', y Zenón Cuevas, procesado por el delito de tráfico de influencias. Así, Evo ha ido tendiendo una red de aliados y operadores políticos en nuestro país que buscan impulsar la agenda indigenista de la integración plurinacional a través del mecanismo Runasur creado para tal fin. Seguidamente, movilizaciones violentas, y la agenda de una “nueva constitución de todas las sangres”. ¿Cómo es que nadie lo vio venir?

Mientras tanto, las radios regionales difunden la idea, de un lado, de un gobierno inconstitucional, antidemocrático, violador de derechos humanos, y del otro, ciudadanos martirizados y que ejercen su derecho a la protesta de forma legítima. No existen subversivos, ni violencia por parte de ellos.

El Gobierno tiene la gran responsabilidad de mostrar liderazgo, investigar las muertes, sancionar ejemplarmente a los responsables sin dejar de lado que hay una población inocente en medio del caos que requiere de su protección. Eso sí, tener muy claro que la paz no se negocia cediendo ante los intereses políticos de los que buscan vulnerar el orden democrático y constitucional.