Dilación: deliberada ¿o por incapacidad?

El caso de “Los cuellos blancos” estalló hace 4 años y 3 meses (el 26/09/2017) por una conversación del abogado Víctor León Montenegro (alias “Kiri”) con César Salinas Bedón registrada por los equipos de Constelación de la Policía Nacional y la fiscal Castro. Luego, hace 3 años y 5 meses (el 07/07/2018) el país fue conmocionado por audios que evidenciaron y demostraron presuntos hechos de corrupción en que estaban incursos los integrantes del sistema judicial y su relación con políticos y empresarios. Hace 3 años y 3 meses (12/08/2018) el juez supremo Víctor Roberto Prado Saldarriaga, que en esa fecha era presidente del Poder Judicial, dijo: “Lo que hemos visto en el Callao se repite en unos 14 distritos judiciales”. También afirmó que “el crimen organizado se está infiltrando en el sistema de justicia” (sic).

No obstante los años transcurridos los fiscales y jueces no concluyen con procesar a los autores de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho, tráfico de influencias, peculado atribuido a magistrados jueces y fiscales –hasta supremos– cuyos nombres se conocen públicamente, ilícitos cometidos dentro del propio Poder Judicial y Ministerio Público.

Expresó recientemente informó que el caso se viene abajo. Los llamados a procesarlos penalmente son otros magistrados –fiscales y jueces – quienes no obstante a haber transcurrido varios años, por acción y/u omisión, no concluyen el proceso ni se conoce que el Poder Judicial –al cual pertenecían los “Cuellos Blancos”– ya los han sentenciado. Pareciera que existe “un elocuente espíritu de cuerpo”. La administración de justicia en el Perú ha dejado de gozar de credibilidad debido a la actuación de los magistrados a su servicio. Se evidencia con la falta de cumplir los plazos procesales para sancionar (sentenciar) a los “magistrados” procesados. Habría la pretensión de buscar amparo en los incisos 1 y 2 del artículo 139° de la Constitución.

Los nombres de algunos involucrados en esa “organización” que operaba desde el ente que administra justicia realizaban sus actos de corrupción direccionando el nombramiento de jueces y fiscales y facilitando fallos o situaciones que beneficiaron a terceros. Algunos son César José Hinostroza Pariachi (fugó a España), Walter Ríos Montalvo, Julio Gutiérrez Pebe, Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos.

Los magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial en el caso expuesto están evidenciando su clásica dilación. Consolidan la perdida de credibilidad, pero pareciera que no les importa la opinión pública. Ante ello ¿qué espera el país?

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