Dina y el Congreso

Transcurrida una semana del patético mensaje a la nación de 5 horas formulado por la presidenta Dina Boluarte, cabe todavía aproximarse a una arista del mismo que revela ausencia de lectura política fina respecto a los escenarios sobrevivientes en la relación Ejecutivo-Legislativo, hoy sostenida –como sabemos– por el afán de supervivencia de ambos poderes del Estado.

Me refiero a la creencia implícita de Boluarte en torno a que dicha relación se mantendrá sin altibajos todo el 2025 por la razón aludida y que privilegiar el acuerdo político por encima de los impactos populistas de las decisiones parlamentarias en lo económico es sano y sagrado.

La primera mandataria, lejos de ensayar siquiera un leve reclamo a la representación nacional por medidas que afectan rotundamente los programas reactivadores de su gobierno, les pasó la mano y se exhibió sumisa a extremos intolerables. Si acaso hubiera invertido parte de las 5 horas de la soporífera perorata en explicarles de forma clara cómo la confianza de los inversionistas se mantiene congelada para el mediano y largo plazo debido a tales medidas o siquiera los hubiera convocado a la mínima sensatez para no seguir perforando columnas fundamentales del modelo económico, estaría gozando hoy algo de nuestra piedad hacia su flagelo retórico.

Boluarte no cobra conciencia de que estamos ingresando a un año pre-electoral (2025) donde los actores de las 13 bancadas parlamentarias (ninguna suya) implementarán sus agendas propias con tal de acumular votos y base social para los comicios de 2026.

Por lo tanto, zurrarse en los principios elementales de la disciplina fiscal será una bandera. Ya lo fue en etapas iguales del pasado y cuando teníamos un mejor sistema político que el presente.

Ello irá acompañado de serios encontronazos con algunos ministros que tendrá el corolario de censuras y amenazas de vacancia a Dina las cuales jamás llegarán a materializarse por aquello de la subsistencia común. Hasta el ubícuo César Acuña manifestará sentirse decepcionado de la administración de Boluarte y dejará la palabra “gobernabilidad” en alguna gaveta del olvido.

Seamos claros: la mayoría del Parlamento –pese a no poseer la facultad constitucional de la iniciativa de gasto– aprobó 101 leyes en el período 2020-2024 con un costo de 86 mil millones de soles. Más del 8% del PBI según los cálculos de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal. Redujo la tasa del IGV de 18 a 8% para peluquerías y salones de belleza, creando una excepcionalidad inexplicable y, como siempre, con el pretexto de ayudar a la formalización y reactivación.

Generó la libre disponibilidad de CTS y AFP. Aprobó un bono de reconocimiento para el régimen de la ONP a un costo aproximado de 41 mil millones de soles.

Por todo ello, a marzo 2024, los ingresos públicos acumulan 7 trimestres en negativo. ¿Con qué plata se financiarán los sueños de infraestructura de la presidenta Boluarte? ¿Saldrá de Netflix, Disney+ y los Airbnb?

Pido a mis lectores guardar este artículo para contrastarlo dentro de 8 meses con la realidad. Y por supuesto, aspiro a equivocarme.

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