Disfraz de Llica
El Perú necesita una inversión anual de 5,280 millones de dólares. En el primer semestre, la inversión minera llegó a 2,532 millones. Con la inversión en Tía María se esperaba superar la barrera de los 5,280 millones. Lo dice hoy el ex ministro Jorge Baca en su columna Linterna de popa en EXPRESO. Podemos irnos despidiendo de eso, sin embargo, porque esa inversión no se va producir ya este año. Y también porque, más gravemente, al anunciar el gobierno -a pedido de los gobernadores del Sur- una nueva Ley de Minería, nadie va a invertir un centavo hasta que la nueva ley sea debatida, aprobada y esté vigente. Martín Vizcarra anunció el 28 de julio que presentará un proyecto al respecto. Nadie lo conoce. Señaló que la norma actual hay que “actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad”. Considerando nuestra realidad inmediata -el ruido político en medio del adelanto de elecciones pedido por el gobierno- la nueva ley de minería verá la luz en otro gobierno, no en este. Los gobernadores del Sur, en todo caso, ya tienen su proyecto al respecto.
El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anuncia que viene trabajando un borrador que presentará el 14 de agosto. Y adelanta que propone que las empresas mineras “paguen el 80% de impuestos y no el 2%”, como ahora. La premisa es falsa. La minería paga mucho más en impuestos. Pero eso es fácil de aclarar. Lo que pasa inadvertido es que el problema fundamental no es cuánto paga la minería en impuestos, sino cómo determinar el valor de la superficie -sea de quien sea- bajo la cual se halla el recurso natural . El propio gobernador de Arequipa lo dio a entender cuando anuló un contrato con Southern por una servidumbre de 49 hectáreas. Su argumento es que las hectáreas son “de propiedad del gobierno regional” y que la empresa “no cuenta con autorización del uso del terreno superficial”. No obstante, solo el mercado –y no el Estado, menos aun el gobierno regional de Arequipa- puede determinar el valor de ese terreno superficial. Tal como determina hace un siglo el valor del recurso del subsuelo en el mercado de valores global. Cáceres enfatiza que la empresa solo contaba con un contrato “de servidumbre”, dando a entender que se trata de un arreglo injusto, pero no explica bien sus motivos.
Lo que quiere decir es que el gobierno regional firmó un contrato para el uso de esa superficie en los términos limitados de una servidumbre, lo que no sería equitativo. No obstante, como no es posible saber cuánto vale la superficie en cuestión, no hay modo de saber a satisfacción de las partes cómo podría ser el libre contrato entre ellas que permita a la empresa el uso de esa superficie de propiedad del gobierno regional sobre el recurso natural. Hasta aquí este embrollo sería, en suma, un monstruoso malentendido. Y nada más. Pero Cáceres anuncia un ”paro indefinido” desde el lunes 5 de agosto, se lava las manos de él porque lo convoca la CGTP, dice, anuncia que nunca habló de una tregua con el gobierno en la reunión con el Presidente semanas atrás, a quien dijo que “Tía María no va”. Y dice todo esto vestido como Evo Morales en una entrevista televisiva en Lima.
El propio Cáceres está proporcionando los indicios de que su plan es político y va mucho más alla del justo reparto de la renta de los recursos naturales. Al pedir que la minería pague el 80% de su renta en impuestos, por ejemplo, revela que le interesa no un trato justo de la región con la empresa, sino que el Estado monopolice la renta minera. Y esto cae ya dentro de un plan geopolítico –que pasa también por el uso del gas natural boliviano- para controlar los recursos naturales del Perú. Un plan compartido con el gobierno regional de Puno e instrumentado desde el gobierno de Evo Morales, el presidente vitalicio de Bolivia, y sus aliados de Sao Paulo, Caracas y La Habana. Y eso ya es harina de otro costal.
