Dislate fiscal
Conforme al artículo 117 de la Constitución, el Presidente de la República goza durante el ejercicio del cargo de inviolabilidad penal relativa y, únicamente, puede ser acusado por los delitos establecidos en el artículo de marras. Si bien al terminar la gestión otro será el cantar, entre tanto así son las cosas. Empero, este justificado estatuto de inmunidad presidencial es excepcional y, por ende, de acuerdo a los principios generales del Derecho debe ser aplicado e interpretado de forma restringida.
Dicho en cristiano, sólo cabe acusación por tales delitos, más qué pasa con la investigación de los demás ilícitos de función.
En nuestra opinión, y más allá de los errados antecedentes fiscales anteriores que no resultan vinculantes, NADA impide o restringe la investigación preliminar de los otros delitos, ya que una cosa es acusar y otra indagar y acorde al artículo 330 del Código Procesal Penal la Fiscalía de la Nación está legitimada y es competente para practicar, cuando menos, las diligencias y actos iniciales urgentes con el fin de individualizar y asegurar los elementos materiales de la presunta comisión delictiva imputable al Primer Mandatario y que pudiese ser pasible de procesamiento una vez que deje el cargo.
Este raciocinio viene a cuento a raíz de la denuncia presentada ante la fiscal de la Nación por el procurador general del Estado contra Pedro Castillo por la supuesta perpetración de los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias que se habrían cometido en la tristemente célebre casa de Breña. La máxima titular del Ministerio Público, dado los fundados indicios, decidió abrir la investigación preliminar y, sin actuar o mover otro papel más que para salir de vacaciones, determinó en la misma resolución la suspensión del trámite indagatorio hasta que Castillo deje Palacio de Gobierno invocando para ello lo dispuesto por el artículo 117 de la Carta Magna. Craso error institucional y constitucional y nueva claudicación de la Fiscalía de la Nación en una de las peores horas para la Democracia en la Nación.
Coda: Por presentar la denuncia mencionada, ahora el impresentable ministro de Justicia anda persiguiendo la cabeza del valiente procurador general por orden del gobierno de turno. Otro desaguisado de los muchos que debe impedirse cuanto antes. ¡AMÉN!
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