Dos de cada tres desconfían de la trinidad electoral

Dos de cada tres peruanos desconfían del Jurado Nacional de Elecciones, según la reciente encuesta de Datum Internacional que “El Comercio” publicó el martes 20 de agosto. Igualmente, el 63% de encuestados sospecha que en el proceso electoral de 2021 hubo fraude. Estos números reflejan la abrumadora desconfianza que la opinión pública tiene sobre una de las instituciones que tutela el poder electoral. Ésta debería ser ejemplar en sus decisiones y deliberaciones. De esa manera, mejoraría la calidad de nuestra democracia. Lamentablemente, no ha sido así; todo lo contrario: la suspicacia crece y los organismos electorales JNE, la ONPE y el Reniec han perdido credibilidad.

Todo se origina en el artículo 177 del Capítulo XIII de la Constitución Política de 1993. Establece que el sistema electoral está conformado por las instancias mencionadas, las mismas que “actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones”. De modo que individualmente son soberanas y libres para resolver asuntos que les compete. Son como la Divina Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo); cada una, independientemente, es Dios, y las tres endiosadas en conjunto también son Dios. Y el Pleno del JNE es la máxima autoridad para tratar las apelaciones en materia electoral.

A todo ello se suma el poder de la ONPE, que organiza todos los procesos electorales: el presidencial, senatorial, diputacional, regional, municipal, de referéndum y otros de consulta popular. Además, “ejerce las demás funciones que la ley le señala”. En base a esta disposición constitucional se aprobó la Ley de Partidos Políticos, que confiere poderes omnímodos al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), que ha hecho y deshecho con los partidos.

A las pruebas me remito. Pese a que el PPC presentó legalmente la documentación respectiva para registrar a sus candidatos en las elecciones de 2021, el JNE negó su solicitud y, arbitrariamente, lo mantuvo sin inscripción por larga temporada. Asimismo, el PAP perdió su inscripción en el ROP al no permitírsele inscribir su lista por Lima. En cambio, Acción Popular logró mantener su inscripción, pero el ROP, pese a contar con bancadas parlamentarias y una autoridad máxima en el Congreso, negó reconocerle sus autoridades durante ocho años, generando un caos administrativo y, sobre todo, graves problemas de identidad política y de imagen pública para el partido de la lampa.

Recientemente, la triada electoral le reconoció a las autoridades partidarias de AP en todos sus niveles. Sospechosamente, lo ha hecho luego de un marco de anarquía interna que ha dado como resultado la irrupción de congresistas que, lejos de actuar con ejemplaridad, arrastran denuncias de índole penal.

Es indiscutible el repudio ciudadano a quienes por largos años dirigen el sistema electoral. Consecuentemente, conocida su ejecutoria hostil contra los partidos tradicionales, lo mínimo exigible es que renuncien o que el Congreso modifique su integración por degradar la función democrática en beneficio de la anarquía institucional. Después de todo: ¡De cada tres peruanos, dos desconfían del JNE!

Exsenador de la República

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