Ecuador y la relativización de la soberanía

Vivimos en un mundo que, nos guste o no, sigue ganando adherentes a la idea de la relativización del concepto de la soberanía, cuestionándola con insistencia, aunque sin fundamento alguno. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Ecuador, consciente que la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, consagran de manera indubitable que las misiones diplomáticas son inviolables, es decir, por ninguna razón que no sea el propio consentimiento del jefe de Misión, pueden ingresar en la embajada del Estado acreditado (México), sus autoridades han decidido demandar a México (una contrademanda), el país agredido, por haber concedido asilo a un delincuente con orden de reclusión. Para el gobierno de Ecuador el atributo o facultad para decidir si se concede asilo o no a quien lo solicite, que es una facultad del referido Estado acreditado, sencillamente no cuenta. Eso pasa porque no les importa el concepto de la soberanía del Estado, es decir, la soberanía para decidir si concede o no dicho asilo calificando a quien lo solicita. Por tanto, Ecuador ha ninguneado la soberanía y no solo la de México si no, a la soberanía como concepto pétreo del derecho internacional que nadie discute, salvo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Por tanto, pensando en lo que ha resultado de la gravísima actitud ecuatoriana que ha minado a la soberanía construida por la Paz de Westfalia de 1648, poniendo, a mi juicio, en crisis al denominado sistema westfaliano, quisiera dar un paso más en esa insistencia por la referida relativización de la soberanía llevada adelante por amplios sectores del progresismo mundial, para dedicarle mi columna a un breve enfoque sobre el mal llamado gobierno global pegado a lo anterior. De hecho, se quiere atribuir al fenómeno de la globalización virtudes de una extraña gobernabilidad internacional. Es un error que debo advertir con insistencia. ¿Por qué? Pues el gobierno supone capacidad para tomar decisiones verticales sobre los gobernados y el territorio en que viven. Esto es esencial para comprender que la gobernabilidad es propia del frente interno del Estado. Fuera de las fronteras nacionales, el relacionamiento con los demás Estados, es enteramente horizontal, pues no existe un Estado jurídicamente más importante que otro. México y Ecuador, lo son, aunque no lo sean política, económica o militarmente, constituyendo una garantía para el Orden Mundial. Pegado al gobierno yace la soberanía, que es una cualidad intrínseca al Estado, por lo que sin soberanía no hay Estado. Por esa razón, tampoco existe la soberanía global o internacional. La globalización existe para dinamizar y estrechar las vinculaciones entre Estados y otros actores internacionales, no para crear una superestructura de gobernabilidad planetaria. El mundo es anárquico por naturaleza, es decir, no cuenta con una autoridad central –las Naciones Unidas, por si acaso, no lo es– como, en cambio, sí pasa en el Estado. Los propios europeos, promotores de la globalización económica, advertidos de la amenaza de una Constitución para la Unión, la rechazaron abrumadoramente. Los que pregonan el gobierno global, valiéndose de la ONU, que es un foro político con legitimación mundial, quieren imponer una agenda global para los Estados, y hasta para enfrentar las amenazas comunes -ej.: pandemia que ya pasó, migración, medioambiente, etc.,-, propugnan crear una fuerza transnacional que prescinda de las Fuerzas Armadas, que son propias del Estado para la seguridad y defensa nacional. Esta idea de la relativización de la gobernanza nacional, que es lo mismo que de la soberanía, superponiendo una exacerbación de derechos, lamentablemente ideologizados, y los lleva a crear marcos normativos (tratados) para el empoderamiento supranacional (tribunales). Lo único que puede haber en el mundo, son las vinculaciones de coordinación y de colaboración entre los Estados y otros actores convencionales y no estar forzando el concepto de soberanía que en ningún caso debería ser debilitado. Ha llamado la atención que lo haga un gobierno de derecha, o sea, no precisamente progresista, superponiendo intereses políticos antes que el derecho internacional. Todo eso es muy grave.

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