Educación pública: Meritocracia sí, pero real y sin abusos!

Gran revuelo se ha generado en torno a un dictamen aprobado por el Congreso de la República, que autoriza al ministerio de Educación (MINEDU) a realizar una evaluación excepcional, por única vez, para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de aquellos profesores que fueron nombrados interinamente conforme a la Ley 24029 y retirados del servicio público magisterial a fines del año 2014. La norma aprobada beneficia únicamente a quienes tengan título de profesor o licenciatura en educación, obtenidos entre noviembre 2012 y noviembre de 2014.

Se critica también que la norma disponga que los docentes arriba mencionados que reingresaron al servicio luego de ser retirados, pueden ser excepcionalmente nombrados en el primer nivel de la escala magisterial si acreditan una contratación por 30 meses continuos o interrumpidos.

Considero absolutamente injustos las críticas y el revuelo mencionados, sobre una norma que también fue aprobada por el Congreso complementario 2020/2021 y quedó pasmada gracias a una reconsideración.

Me explico: la Ley 24029, Ley del Profesorado, fue dictada en diciembre de 1984, en pleno ataque del terrorismo a las poblaciones alto andinas y es fácil imaginar que entre los millones de desplazados por el terror, muchos fueron docentes de las áreas rurales afectadas. Esa ley permitió incorporar de manera transitoria a bachilleres profesionales de educación en los niveles inferiores de la carrera pública magisterial y nombrar interinamente personal docente sin título profesional cuando no exista disponibilidad de personal titulado.

En noviembre de 2012, la Ley 29944, de Reforma Magisterial, dispuso que los profesores nombrados sin título pedagógico tendrían dos años para titularse y de no hacerlo serían retirados del servicio público. Tal es el origen del problema.

Considero inaceptable que luego de treinta años, bachilleres de educación que fueron útiles sobre todo en las zonas rurales en tiempos aciagos y prestaron servicios efectivos en aula, sin duda insuficientemente pagados, resulten prácticamente material desechable. Tampoco creo válido alegar como justificación del atropello que se trata de quienes no aprobaron las pruebas de suficiencia a que fueron sometidos.

No descarto que haya quienes han podido superar con rectitud las pruebas, lo que no garantiza que las pruebas sean idóneas para medir conocimiento y aptitud o que, por corrupción, no se hayan filtrado las respuestas.

El colmo es que se sumen a las críticas quien fue ministra de Educación, con solo bachillerato y no titulada, y otra, cuyo cónyuge recibió, por consultorías, millones que mejor hubieran financiado años sabáticos pagados para que profesores de aula sin título logren titularse.

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