El 2026, victoria electoral del Perú profundo
Este sábado 14 de diciembre, penúltimo día de la Legislatura Ordinaria, un completo descalabro para el Perú alienígena. Los alienígenas, a través del Congreso, habían planificado ese día un knock-out al gobierno. El día debía empezarse con lo más fácil, finiquitar el asunto de la JNJ con la aprobación de la Escuela de la Magistratura; pero no se aprobó porque los miembros de la Comisión revocaron su decisión. Luego, debían aprobarse una serie de leyes anti Perú profundo, una de ellas contra la única candidatura del Perú profundo: Antauro Humala.
Desesperadamente, el Perú alienígena trató de conseguir la mayoría para el quórum. Apenas consiguieron 64 votos (necesitaban 66). Boluarte debía defenderse contra su destitución ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, comisión que no es instancia y que no tuvo lugar. En la Subcomisión, hubieran esperado que la presidenta, abucheada y amenazada de ser linchada, fuese depuesta y Salhuana, presidente del Congreso, resultara encargado de la presidencia de la República. Esperaban una victoria deslumbrante pero resultó como ir por lana y salir trasquilado.
En esta situación, la campaña del Perú profundo o etnonacionalismo es, en los meses que faltan, ejecutar las cosas de palpitante urgencia: Cobrar inmediatamente la deuda transnacional y cancelar la deuda externa, solvencia para la refinería de Talara y que la fundición y refinación de minerales se haga exclusivamente en el Perú, única forma de que el Perú perciba la parte que le corresponde de cada uno de los minerales. Significa que el Perú tendrá oro, plata, cobre, litio y demás minerales en exceso para su tamaño geográfico y demográfico. Y el dinero debe invertirse fundamentalmente en las ciencias, tecnología y en la salud moral y física.
La presidenta de la República debe tener bien claro que la fiscal de la Nación es únicamente fiscal en lo jurisdiccional, para llevar a todo delincuente a la sanción. Denunciar políticamente sin restricción alguna corresponde solo al presidente de la República y a los 130 congresistas. Los demás, solo en defensa de sus ámbitos de poder.
Siendo así, la presidenta de la República debiera ordenar la prisión en los calabozos de Inteligencia y procesamiento de la fiscal de la Nación por traición a la Patria (Constitución, artículo 38), de los fiscales supremos, de los miembros de EFICOOP y de la Diviac, que están incurriendo en atropello de la Constitución. La presidenta debe saber defenderse: Solo en lo Penal hay investigación preliminar. Comparecer solamente por traición, impedir elecciones, dificultar al JNE y disolver el Congreso.
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