El abandono del patrimonio como política de Estado

Hace unos días, la Municipalidad de Lima denunció que Palacio de Gobierno ha paralizado las obras de recuperación del Centro Histórico. Se trata de excavaciones arqueológicas destinadas a rescatar dos hitos fundamentales de la configuración original de la capital: el Arco del Puente y el Molino de Aliaga.
Ambas intervenciones, autorizadas por el Ministerio de Cultura, buscaban no solo restituir parte de la memoria arquitectónica de Lima, sino también fortalecer un circuito cultural que podría convertirse en motor de turismo y desarrollo. Sin embargo, las obras quedaron en suspenso. El argumento de Palacio fue la seguridad presidencial, ya que la zona intervenida coincide con un punto de control cercano a la Casa de Gobierno. A partir de allí, el Ministerio de Cultura retiró su respaldo y el proyecto quedó detenido.
Esto genera una paradoja: en la capital del Perú, donde deberíamos mostrar voluntad de recuperar y poner en valor el patrimonio, un interés coyuntural basta para desbaratar años de planificación y para invisibilizar el potencial de la cultura como herramienta de desarrollo.
Lo ocurrido en Lima evidencia la fragilidad institucional de nuestra política cultural. Si en la Plaza Mayor se puede frenar la recuperación de restos coloniales con un simple argumento de seguridad, ¿qué podemos esperar en provincias, donde la cobertura mediática es mínima? Los vestigios del Arco del Puente y el Molino de Aliaga —cimentados en los siglos XVI y XVII— han quedado atrapados en una pugna administrativa.
En paralelo, en Cajamarca, los monolitos de Cumbemayo se deterioran sin un plan sostenido; en Ayacucho, los complejos wari están abandonados; en La Libertad, los centros menores vinculados a Chan Chan sufren huaqueo; en la Amazonía, petroglifos y geoglifos apenas han sido registrados. El contraste es claro: en Lima, el hallazgo arqueológico genera disputa; en provincias, simplemente se ignora.
El Ministerio de Cultura ha registrado más de 26.000 sitios arqueológicos a nivel nacional. Se estima que más de 20.000 de ellos carecen de puesta en valor o protección efectiva. Esto significa que la mayoría de nuestra riqueza arqueológica está expuesta al saqueo, al desgaste del tiempo o a la destrucción por invasiones y minería ilegal.
La inversión en cultura, además, suele ser episódica. Surgen proyectos con apoyo internacional o por emergencias puntuales, pero no hay un plan nacional sólido que articule turismo, seguridad, desarrollo local y protección del patrimonio.
El mensaje es claro: el patrimonio se protege mientras no estorbe. Falta una política cultural sostenida, con presupuesto, visión territorial y participación ciudadana. No comprender el potencial de la cultura es negarle al país una vía de desarrollo. El patrimonio no es un adorno, sino un activo que genera empleo, identidad y cohesión social. Un país que desprecia su historia está condenado a desperdiciar su futuro.
La suspensión de excavaciones a metros de Palacio no es un hecho aislado, sino síntoma de un problema estructural. La pregunta es si tendremos la voluntad política de transformar esa riqueza en desarrollo o si seguiremos dejando que se desmorone entre las manos.

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