El aborto necesario

El caso de Mila –una niña de 11 años abusada sexualmente y embarazada por su padrastro en Iquitos– reabrió un tema postergado de manera sistemática del debate y aplicación de políticas públicas: el aborto terapéutico.

Luego de la increíble displicencia mostrada por los médicos y una funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (ya cesada en su cargo) de la localidad, una junta de galenos del Instituto Nacional Materno Perinatal, con la anuencia de la menor y su familia, dispuso la interrupción de dicho embarazo dado que el periodo de gestación es inferior a las 22 semanas y se comprobó el riesgo de la salud y la vida de la gestante.

La práctica del aborto seguro nada tiene que ver con el incentivo al aborto como principio general, objeto de tantas y quizás justificadas polémicas. Está consagrada en la normatividad peruana y forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reconocidos a nivel mundial.

Ciertamente, el aborto seguro debe contar con el consentimiento de la mujer solicitante. Es su derecho en el plano reproductivo (decidir libre, informada y responsablemente el número y espaciamiento de hijos) y sexual (opción de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sometida a coerción, discriminación o violencia).

El amparo legal se encuentra en el artículo 119° del Código Penal (desde el año 1924) y la Resolución Ministerial N° 486-2014-MINSA mediante la cual se aprueba la Norma Técnica respectiva. Se pugna para que haya una definición explícita en torno a la defensa no solo de la salud física sino también emocional y mental de las pacientes. Y también para que la mayoría de hospitales públicos cuenten con las herramientas adecuadas para brindar esa atención.

Desde abril de 2019, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) ayuda a implementar en nuestro país, a través de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), el proyecto de abogacía del aborto seguro, con la finalidad de garantizar la extensión del conocimiento y acceso de las mujeres gestantes a ese derecho. Es necesario consolidarlo porque la cifra de abortos clandestinos e inseguros que producen el fallecimiento de quienes lo practican, crece de manera alarmante, y más aún en el caso de niñas y adolescentes.

En setiembre de 2020 se reveló que, hasta esa fecha, se atendieron más de 33 mil partos de menores de edad, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud. Entre ellas, 20 niñas de 10 años a menos fueron forzadas a ser madres. Es decir, cuatro veces más casos que los registrados en el mismo periodo del 2019. El problema se agrava, como hemos dicho, por un crecimiento en la muerte materna adolescente.

En la campaña electoral 2021, la mayoría de los candidatos (incluida Keiko Fujimori) se mostró favorable al aborto terapéutico, el cual –a la luz de lo ocurrido con Mila– se comprueba que también es necesario.

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