El Acuerdo con Odebrecht está liquidado
La noticia más importante de la semana pasada fue la sorpresiva suspensión de la cooperación judicial del Ministerio Público brasilero a la Fiscalía peruana. Al margen de las razones formales presentadas por la Fiscalía brasilera, en mi opinión, lo que realmente cuenta es que esto se ha producido muy poco después de que Lula da Silva resultara elegido nuevamente como Presidente. Y “coincidentemente” al momento en que se aprueba la referida suspensión, a los que les tocaba enfrentarse a los fiscales peruanos eran nada menos que diversos ex ejecutivos de Odebrecht, encabezados por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, en el juicio contra el ex presidente Ollanta Humala. Y el principal tema sobre el que les tocaba declarar a los dos ex ejecutivos era ratificar (o no) que se habían entregado para la campaña del 2017 del expresidente US$ 3 millones por sugerencia de Lula da Silva. Por lo que no se necesita ser muy versado para concluir que ante la muy importante disyuntiva que debían enfrentar los dos ex funcionarios, lo más probable es que esas declaraciones nunca se concreten. Y si por azar del destino tuvieran que declarar, ¿a quién creen que perjudicarían, al futuro presidente de Brasil o a la Fiscalía peruana? Creo que la repuesta es obvia, lo que afectaría muy significativamente al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht (ACO).
Sin embargo hay otro asunto que podría afectar aún más a las investigaciones y procesos judiciales que lleva a cabo el equipo especial. Se trata de la decisión que el juez César San Martín debe declarar si es que Ollanta Humala y su esposa incurrieron en lavado de activos. Y todo parece indicar que el juez supremo coincidiría con la opinión de su amigo José Ugaz, quien indicó que no habrían incurrido en lavado de activos. Fallo que no solo beneficiaría al resto de políticos que se encuentran en la misma situación que los Humala, sino que beneficiaría a Odebrecht en el arbitraje que le sigue al gobierno peruano en el CIADI. Proceso en el que Odebrecht no quería que se mencionara que en Perú lo estaban acusando por corrupción y lavado de activos. Si esto se aprobara, que es lo más probable el ACO sufriría otro golpe devastador.
En realidad el equipo especial comandado por el fiscal Rafael Vela incurrió en un error estratégico al decidir jugarse entero por el ACO y no optar por otra alternativa que implicaba enfrentarse a Odebrecht congelando sus activos (inmuebles, cuentas bancarias, dividendos, etc) , e impidiendo que pudieran venderse. Decisiones que no solo se hubieran aplicado a las empresas del grupo Odebrecht sino también a los bienes de sus empleados. Medidas que serían complementadas con una activa labor en el campo de la cooperación internacional, como por ejemplo con Suiza. El fracaso del ACO y del equipo especial ha sido depender en demasía de los brasileros, y la factura por ese error estratégico se está empezando a pagar. Además los resultados , desde que la fiscalía abriera la primera carpeta fiscal del Caso Odebrecht, son evidentes: mientras que el equipo especial no tiene ningún condenado y solo un juicio que se encuentra en su etapa más inicial, los que optaron por el camino alternativo, como es el caso de Colombia que empezó sus investigaciones bastante después que Perú, son claramente favorables a nuestro vecino.
Es así que la fiscalía del país cafetero, como lo acaba de manifestar esta semana el ex fiscal Nestor Humberto Martínez en entrevista con La W Radio, ha hecho un trabajo “maravilloso” en comparación con otros países en la investigación del caso Odebrecht. Ha logrado las siguientes condenas, según Cambio: 1) José Elías Melo, ex pdte de Corficolombiana, condenado a 11 años y 7 meses de prisión por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. 2) También fue condenado Roberto Prieto por falsedad en documento privado en calidad de determinador, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. 3 y 4) Ese mismo año fueron condenados los excongresistas Otto Bula y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías. El primero fue sentenciado a 5 años, por ser el intermediario de Odebrecht para entregar los sobornos a cambio de contratos; el segundo, a 8 años por concierto para delinquir y lavado de activos. 5) En marzo fue condenado a 13 años el exsenador Antonio Guerra de la Espiriella por intermediar para favorecer a la constructora brasilera. 5 a cero es una goleada en contra del equipo especial.
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