El adelanto electoral
Al filo de la medianoche, la presidenta Dina Boluarte anunciaba que propondrá al Congreso el adelanto de elecciones generales para abril de 2024. Ciertamente, plantear un adelanto electoral, para llevarse a cabo entre dos años y tres meses, no significa precisamente concretar aquella propuesta. ¡Del dicho al hecho hay mucho trecho! La fragilidad -e improvisación- que transpira el novato gobierno, contrasta con la acción malosa, organizada, violenta, implacable de la avanzada terrorista/bolchevique que teledirige La Habana, en coordinación con el reblandecido -pero aún influyente en el Sistema Interamericano- presidente mexicano López Obrador.
Un adelanto electoral, en estas circunstancias, requiere cuestiones previas de un enorme calibre. Primero, que el Legislativo concluya el trámite de levantamiento de inmunidad del golpista Pedro Castillo, y que el Poder Judicial abra proceso contra él por los delitos de rebelión, además del rosario de crímenes que arrastra por su manejo tan cleptómano como corrompido del Estado. De otro lado, requiere que el Congreso -simultáneamente con el Ejecutivo- articulen un conjunto de estrategias para darle debida forma a unas elecciones, esta vez sí, transparentes y ajenas a cualquier injerencia externa. Como SÍ ocurrió en los comicios de 2021. Por solo citar un ejemplo, cuando la ahora presidenta postulara a la vicepresidencia, ejerciendo simultáneamente un cargo público como jefa de oficina del Reniec, integrante del Sistema Electoral Peruano. ¡Una condición expresamente prohibida por la ley electoral! ¡Y esta limpieza pasa por el cambio de las actuales autoridades del Jurado Nacional de Elecciones! Empezando por su turbio presidente, Jorge Salas Arenas. Otros aspectos imprescindibles de incorporar al futuro proceso electoral son: permitir la reelección parlamentaria, implantar el voto voluntario, restablecer la bicameralidad, introducir la renovación por tercios de la Cámara de Diputados. También que, en caso del desafuero de algún parlamentario, lo sustituya un accesitario de su misma bancada. Finalmente, que las papeletas de los votos físicos queden bajo bóveda de seguridad, en calidad de aval de una elección limpia.
Diversos piquetes de bolcheviques pagados con recursos robados al Estado por el régimen que presidió Castillo, azuzan a miles de personas -en Lima y regiones- exigiendo una “constitución nueva”. ¡Es decir, un puñado de extremistas quiere imponer su capricho ante los 30 millones de peruanos! De otro lado están los parlamentarios traidores, a quienes la Fiscalía debe denunciar constitucionalmente porque vendieron sus votos al oficialismo, a cambio de prebendas que les dio Castillo. Asimismo, esa minoría de legisladores golpistas -que busca clausurar el Congreso- pretende controlar ahora el Parlamento a punta de gritos y violencia. Una gran mayoría de los peruanos no piensa como estos cafres que, en realidad, lo que buscan es replicar el castrismo, el chavismo o cualquier otro sistema totalitario en el Perú para, de esa forma, eliminar nuestros derechos y nuestras libertades indefinidamente, y robarles su patrimonio a todos los peruanos para generalizar la miseria, aplicando la carcelera forzada como castigo para todos los que piensen diferente al régimen totalitario, que ellos intentan instaurar. Lo comprobamos en Cuba, Venezuela o Nicaragua.
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