El alcalde electo

Rafael López Aliaga “resultó” elegido Alcalde de Lima para el periodo 2013-2026. De los 7’400,727 electores hábiles y de los 5’817,632 ciudadanos que participaron en las elecciones, así como de los 5’817,632 votos emitidos y los 5’219,107 votos válidos, él obtuvo sólo 1’372,216 votos (23.538%) y su contrincante cercano Daniel Urresti obtuvo 1’324,244 votos (22.763%). La diferencia entre ambos es 47,972 votos (0.075%). O sea que no votaron por López Aliaga 4’445,416 ciudadanos de la provincia de Lima.  Un diario limeño publicó que “el ganador” López Aliaga propuso “alquilar” 10,000 motos con GPS como herramienta contra la inseguridad ciudadana, crear comités de autodefensa para que los vecinos, organizados por sectores, elijan a sus dirigentes y las formas de autoprotección para sus vecindarios, así como implementar y controlar instalaciones de seguridad, como plumas, rejas y cámaras en la zona. La Municipalidad de Lima puede contribuir en la lucha contra la delincuencia coordinando acciones con la Policía Nacional, pero el problema está también en la deficiencia tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que no tramitan los procesos penales prontamente, incumpliendo los plazos procesales y disponiendo la libertad de los delincuentes bajo diversas modalidades. El alcalde electo debe centrar su acción en que el Poder Legislativo actualice la tipificación de los delitos e imponga penas más severas de cumplimiento obligatorio; debe establecerse que los menores de edad sean igualmente condenados si cometen delitos. Establecer legalmente la responsabilidad de fiscales y jueces si no administran justicia cumpliendo los plazos procesales. “Alquilando motos” se incrementará el Presupuesto anual y requerirá de 10,000 motociclistas remunerados. Un problema que debe prevenirse es que el electo alcalde de Lima (y también los de distritos) no aprovechen “la oportunidad” para “dar empleo” a sus “activistas” llenando aún más la burocracia municipal. Es un riesgo (teniendo en cuenta la experiencia de otras elecciones nacionales, regionales y municipales) con lo que se dejaría de respetar el derecho de los trabajadores administrativos y obreros (de servicio público) que vienen haciendo carrera en la administración municipal. A estos, “los electos” suelen ponerles “nuevos jefes” como personal de confianza con interesantes remuneraciones. Es imprescindible respetar la Carrera Administrativa en el Sector Público como garantía de estabilidad, igualdad de posibilidades para el desempeño de la función pública y mejoras del trabajador sobre la base de la capacidad e idoneidad expuestas en el trabajo.

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