El ambiente se caldea más

El paro nacional de este miércoles de los transportistas, a quienes se sumaron otros gremios y asociaciones de mercados, pequeñas bodegas, comerciantes y más, fue contundente, hay que reconocerlo. Incluso las autoridades del gobierno destacaron su carácter pacífico, salvo en algunos pocos lugares en los que se registraron aislados encuentros violentos entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional. Todo se llevó a cabo dentro de los límites del respeto, pero no a satisfacción de las expectativas de los organizadores, que ahora anuncian más medidas de lucha y nuevas demandas que, si no se evalúan adecuadamente, podrían convertir la justa preocupación de la ciudadanía frente al aumento de la delincuencia –en modalidades de extorsión y sicariato– en movilizaciones politizadas de grupos radicales, expertos en generar desorden colectivo. Nos toca estar alertas.
El contexto de la protesta de esta semana se explica por el creciente clima de inseguridad ciudadana en el país. La población no da más, y la paciencia se agota. La jornada de movilización tuvo, además, un componente adicional y muy potente: la adhesión de los comerciantes de Gamarra, el más importante emporio comercial popular de Lima, que acordó paralizar sus labores hasta las tres de la tarde y formar parte de la marcha hacia el Congreso de la República durante la mañana, como, en efecto, ocurrió. Los manifestantes tenían solo el propósito de exigir que los poderes del Estado se encarguen de hacer viable la lucha contra la inseguridad ciudadana y procuren paz y tranquilidad a la población.
Lo que, inicialmente, empezó como un reclamo espontáneo de los transportistas fue tomando cuerpo en un reclamo colectivo mayor. El punto de partida, sin embargo, fue la reacción contra la ola de crímenes en aumento que parecía no importar mucho ni al gobierno ni al Congreso de la República. En este contexto, la población quedaba desprotegida y a merced de delincuentes organizados que asesinaban a sus víctimas a cualquier hora del día o de la noche. Así surgieron los primeros paros de los transportistas como presión al gobierno para que tome en serio el tema de la inseguridad ciudadana. A pesar del estado de emergencia en 14 distritos de Lima, los índices de criminalidad no han bajado, y la población percibe que no hay signos de mejora. Los transportistas también demandaron la derogatoria de la Ley Nº 32108 y el archivo de proyectos relacionados con el terrorismo urbano, por considerarlos insuficientes.
Luego del paro de esta semana, algunos gremios han introducido otras demandas que, por su alto componente político, sí resultan riesgosas para el país. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Walter Carrera, advirtió que, en adelante, las organizaciones exigirán la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. “El pueblo peruano ha pedido hoy que se vayan todos, el gobierno y el Congreso, pero sabemos que no es viable. Lo que sí es viable es que el Congreso recapacite y legisle a favor del pueblo. Con un 3 % de aprobación, la presidenta ha perdido toda capacidad y legitimidad para seguir conduciendo el destino del Perú. Es necesario que el Congreso dé soluciones concretas para el desarrollo del país”, expresó el dirigente a la prensa.
Y más grave aún, señaló que, de no ser escuchados, varios gremios están planteando la posibilidad de parar sus actividades el próximo lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre, con la finalidad de impedir que se realice el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) Perú 2024, al que está prevista la asistencia de muchos dignatarios de esa alianza. “Hoy los peruanos le hemos dicho a este Congreso que debe legislar a favor del pueblo y poder derogar las leyes del crimen organizado. Estamos proponiendo que el Congreso haga su control político en vista de que la presidenta ha demostrado una incapacidad moral permanente”, afirmó, con lo cual el riesgo de que estas protestas tomen otro rumbo es casi inminente.
Si las movilizaciones adquieren motivaciones claramente políticas, habría razón para preocuparnos. En situaciones de esa naturaleza es cuando aparecen los partidos radicales que se hallan agazapados y los líderes más interesados en crear el caos y buscar las muertes que exacerben el ánimo de una población que pide justicia y atención a sus demandas más sentidas, pero que no está pensando en agudizar las contradicciones para tumbarse el sistema bajo el pretexto de la ineptitud de sus actuales gobernantes. Ojo con ello.
Por otro lado, en el Parlamento, un grupo de legisladores de bancadas distintas ha presentado una denuncia constitucional contra la Junta de Fiscales Supremos por presunto abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica al haber publicado un reglamento que no acataría la Ley 32130, la cual devuelve las facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP), recientemente promulgada. La denuncia constitucional ha generado controversia entre expertos y opinólogos que, seguramente, irá ocupando mayor interés en un ambiente político ya de por sí caliente. Veremos qué pasa.

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