El andamiaje pro impunidad de Toledo (II)
En la parte inicial de este artículo recordé las más que evidencias de corrupción, no solo vinculadas al caso Odebrecht sino a otras "operaciones" ocurridas mientras Alejando Toledo ocupó –desluciéndolo- el cargo de presidente de la República.
Tal como todo indica hizo Pedro Castillo, Toledo buscó hacerse de la posición de más alta jerarquía en la administración pública peruana, para perpetrar actos de corrupción que lo involucran directa y personalmente a él y a su entorno familiar y amical más cercano.
En ambos casos hay evidencia de actos preparatorios, previos incluso a la elección. Uno de tales fue diseñar una hostilidad y persecución implacable contra quienes desde el fujimorismo podían ser luego sus fiscalizadores. Así, en el verano del 2001 Toledo se paseó por todo el Perú amenazando públicamente e incitando a multitudes que concurrían a sus mítines de campaña electoral a la agresión verbal y física, contra tres fujimoristas que buscaban su reelección congresal.
A gritos acusó de corruptas a Luz Salgado, Carmen Lozada y a esta columnista. También a gritos pidió que las mencionadas desistieran de sus candidaturas, anunciando que si fueran elegidas él “daría una ley para botarlas del Congreso de la República”. Claro que intuía él y/o su equipo de cómplices que las tres mencionadas serían reelegidas, como lo fueron, ubicándose, además, ellas en el grupo de los diez congresistas con mayor votación preferencial a nivel nacional.
Con Toledo ya en el poder, el 16 de agosto de 2001, L. Salgado y C. Lozada fueron destituidas de su condición de congresistas en una sesión plenaria congresal que más parecía un circo romano. Y, el 25 de junio de 2002 esta columnista fue suspendida, sin prueba alguna que la relacione con alguna falta, salvo el dicho convenido y tardío de una tal Pinchi Pinchi y sin tener derecho a defensa, pues estaba con descanso médico luego de haber sido sometida algunos meses antes a una delicada operación intracraneal.
Las pruebas en video de tales amenazas y agravios fueron oportunamente enviadas a la CIDH, que en más de 20 años ha guardado silencio cómplice.
A esto Toledo sumó su inmediata alianza con la entonces fiscal de la Nación Nelly Calderón, la que se quitó en papeles 4 años de edad sin que nada le sucediera, que juramentó el cargo en Palacio de Gobierno ante Toledo y a cuyo hijo ese gobierno le creó un cargo (¿coima disfrazada?) en el consulado de Zurich, Suiza. Ella fue ciega, sorda y muda ante tanta tropelía de su aliado.
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