El anti derecho en Perú fracasó

Hoy, miércoles 16 de octubre de 2024, debían estar ya notificados tanto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la presidenta de la República, con fechas de comparecencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso para ser lanzados a la calle, como antes lo hicieron con los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La cuestión principal de nuestra crisis nacional es moral, lo que en lo jurídico significa respetar el debido proceso; es decir, las leyes deben regirse por el interés natural y general, y no según los intereses personales, lo que presupone tener principios éticos y patriotismo cabal: amor al antiguo Perú.
Ahora, con la sola noticia de realizarse en cualquiera de estos días el Plenario extraordinario de la Corte Suprema, han sido parados en seco los afanes del Congreso de repetir lo hecho con la JNJ.
Alienta la fe en el país, la reacción con que está respondiendo el sector judicial; pues, se han movilizado cuatro asociaciones de magistrados y grupos de magistrados superiores que han hecho plantones ante la Presidencia de la Corte Suprema, exigiendo al Plenario la salvación nacional.
Por fin se ha logrado que el actual presidente, Dr. Javier Arévalo, cuyo plazo como presidente fenece el 31 de diciembre próximo, acepte la carta conminatoria de 10 de los 18 supremos que constituyen el Pleno.
Todavía no ha señalado día y hora del Plenario, pero tiene que realizarse inevitablemente ante un gesto humano y patriótico de la parte decente de nuestros jueces.
Pues, la realidad del país, tras ocho años (2016-2024) en los que el Congreso ha estado pugnando por cambiar el régimen de la República de presidencial a congresal, ha resultado nefasta: la criminalidad ha superado a lo delincuencial.
La delincuencialidad de cuello y corbata es mucho más rapaz que antes, pues en la minería se apodera de todos los metales, excepto de la plata, el oro y el cobre.
La corrupción se ha incrementado en los sectores político y económico, pero esta vez ha sido sobrepasada por la criminalidad.
No cabe duda de que la criminal insistencia por parte del Congreso en hacer tabla rasa de la Constitución ya ha terminado.
Estamos en un régimen delincuencial, pero en 2026 debe asumir el poder el único militar político, profesional e intelectual, con trayectoria heroica (Locumba y Andahuaylazo) y torturante prisión de 18 años. Antauro es ex profeso para esta singular situación del Perú.

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