El apogeo delincuencial generó la vacancia presidencial

Desde hace décadas estamos padeciendo del cotidiano y creciente actuar delincuencial individual y/u organizados en bandas que nos han hecho [corrección: “hechos” -> “hecho”] víctimas de crímenes, asaltos, extorsiones, intimidaciones, raptos, sicariato, robos, estafas, tráfico de personas y drogas, etc., incluyendo la corrupción.
Personalidades en declaraciones públicas y poblaciones en calles reiteradamente exigen que los electos al Legislativo y Ejecutivo adopten medidas urgentes para evitar que la criminalidad florezca y sancionar severamente y sin dilaciones a los delincuentes en procesos judiciales penales a cargo de magistrados, fiscales y jueces (de todas las instancias). Se pedía a los congresistas y la Presidencia actualicen los Códigos Penal y Procesal Penal. Solo han aprobado “parches” (incrementando el tiempo de algunas penas). El solo trabajo de la Policía Nacional no es suficiente. En realidad, las poblaciones no cuentan con efectiva seguridad.
Por incapacidad de gobernantes y políticos electos “respondían” solo con “discursos”, pero efectivamente no han combatido a los delincuentes. Y diariamente se han incrementado los asesinatos, extorsiones [corrección: “extorciones” -> “extorsiones”], asaltos, etc. ¿Por qué?, ¿por incapacidad o miedo de las “altas” autoridades?
La vacancia de la presidenta Dina es consecuencia de que su gobierno no haya logrado extinguir la delincuencia ni dar seguridad efectiva a la población.
Se requiere que inmediatamente el Congreso:
1.- Actualice el Código Penal, estableciendo penas realmente severas e inclusive la imposición de la pena de muerte.
2.- En el Procesal Penal, normar los procesos investigatorios fiscales y judiciales sean con plazos cortos y que los fiscales y/o jueces (de todas las instancias), respectivamente, deben cumplir bajo responsabilidad personal, administrativa y penal.
Establecer que fiscales y/o jueces penales no concedan libertad condicional a los detenidos por la PNP porque han cometido delitos.
3.- Fortalecer la Policía Nacional con facultades para enfrentar a la delincuencia, garantizando sus investigaciones y que los fiscales y jueces estén obligados a respetarlas. También que se le provisionen de suficientes medios económicos para ampliar la especialidad de “inteligencia en investigaciones a la delincuencia”.
4.- Establecer que los detenidos en cárceles, en estado de investigación o sentenciados, obligatoriamente deban trabajar para sufragar su sostenimiento. El Estado no debe sostenerlos gratuitamente.
5.- Edificar nuevos establecimientos penales solamente en las alturas andinas que tengan en su interior centros de producción para mercaderías destinadas a los mercados. Los trabajadores solamente deben ser detenidos y pueden estar regidos por la legislación laboral común. Esos centros productivos pueden alquilarse a empresas de la actividad privada.
¡Es hora de trabajar para extinguir la criminalidad!

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