El aporte de la informalidad

En cualquier plan de gobierno serio, propuestas para abordar la informalidad económica deben ser asumidas como un componente vinculante de la política pública. No se trata solo de reconocer su magnitud, sino de entender que, sin ella, el Perú enfrentaría 50% más de desempleo y pobreza. La informalidad no es un accidente: es el mecanismo que permite que la economía nacional se autogestione, a través de juntas vecinales, polladas, préstamos no bancarizados y una multiplicidad de actividades fuera del radar del Estado.
El país se sostiene en gran medida por la capacidad de sus ciudadanos para generar ingresos, cubrir necesidades y organizarse al margen de la formalidad estatal. La pregunta de fondo es si los candidatos presidenciales de 2026 están preparados para entenderlo y canalizarlo.
La informalidad no es sinónimo de atraso únicamente. Es, paradójicamente, una posibilidad de desarrollo. Millones de peruanos sobreviven, emprenden y hasta prosperan gracias a esta dinámica. Desde los pequeños comerciantes que abastecen mercados populares hasta las plataformas digitales que ofrecen servicios sin tributar plenamente, la informalidad ha demostrado resiliencia frente a crisis políticas y económicas.
Este ecosistema paralelo absorbe mucha más mano de obra que el mercado formal. Si bien presenta limitaciones como baja productividad, escasa protección social, falta de acceso a crédito, también genera innovación y redes de solidaridad que el Estado no alcanza a proveer. Ignorarla o reducirla a un simple problema de evasión tributaria sería un error inconcebible.
De cara al 2026, la informalidad debe figurar en el centro del debate electoral. No basta con prometer más empleos formales ni con endurecer la fiscalización. El reto está en reconocer que la informalidad es parte estructural del modelo económico peruano y, por tanto, debe ser abordada como una oportunidad de política pública.
Ello implica, por ejemplo, diseñar mecanismos de inclusión financiera más flexibles, políticas educativas que respondan a las realidades de los hogares informales y marcos tributarios progresivos que no asfixien el emprendimiento. La formalización solo será posible si se construyen puentes que ofrezcan beneficios tangibles, sin reducir ingresos ni aumentar la vulnerabilidad de quienes hoy sostienen la economía popular.
El Perú no puede darse el lujo de mantener un divorcio entre la economía oficial y la economía real. La informalidad no desaparecerá por decreto. Será necesario un enfoque pragmático y gradual que permita transitar hacia mayores niveles de formalidad sin desarmar el tejido social que la sostiene.
En esa medida, lo que está en juego en las elecciones de 2026 no es solo qué candidato ofrece más empleos, sino quién se atreve a mirar de frente la informalidad y a convertirla en un pilar de desarrollo inclusivo y sostenible.

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