El apuro del gobierno en favor de la exmandataria de facto

Bastó que el gobierno brasileño lo pidiera para que su homólogo peruano accediera a otorgar un salvoconducto exprés a la otrora primera dama N. Heredia. De ese modo, en un abrir y cerrar de ojos, esta logró la condición de asilada –luego de refugiada, según acaba de explicar su abogado–. El detonante de la autocalificación de perseguida política y de que se encontraba en peligro su vida fue que ese mismo martes 15 se leyó la sentencia en primera instancia que la encontró responsable del delito de lavado de activos, junto a su cónyuge.
Desde su primer anuncio oficial, la Cancillería peruana, obviamente siguiendo instrucciones del más alto nivel gubernamental, transparentó su intención (¿coordinada previamente con el país extranjero y la interesada?) de facilitar el asilo. Por ello, anunciaron cobijarse bajo el paraguas de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que Perú y Brasil son Estados Parte. Omitía, sin embargo, Torre Tagle que un artículo de la misma Convención, el III, en una norma que por ser más específica tiene preeminencia sobre las demás de carácter general, establece clara y lapidariamente que “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o condenadas…”.
No les importó esta norma internacional expresa, no digo para negar de plano el otorgamiento del salvoconducto –ya que en el mundo diplomático no suelen haber respuestas tan inmediatas ni tajantes–, sino al menos para tomar un tiempo y, aunque sea, simular que se tiene respeto por el Poder Judicial que estaba siendo desairado por la peticionaria del asilo, por el régimen del país vecino y por el mismo gobierno peruano. Lo que hicieron fue una aceptación inmediata, digna de mejores causas y que resulta vergonzosa y claudicante.
Ya característica la actitud trapacera –que puede quedar ridiculizada si mañana se revoca la sentencia– de quien, como cónyuge del presidente de la República, no dudó en arrogarse, sin pudor ni límite, un poder mayor al del propio funcionario electo, permitiéndose desplazarlo hasta que quedó en el imaginario popular como el “Cosito”, al que podía darle incluso la espalda en plena presentación pública y ante la prensa; “él habla con mi espalda” quedó para mal recuerdo. Qué decir de ser la administradora de la “luz verde” al actuar de los deslucidos ministros. No cabe olvidar las agendas con anotaciones de puño y letra registrando millones de dólares y la muerte del joven E. Fasabi, en torno a su supuesta sustracción.

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