El boom de los 'chibolines'
La descontrolada inseguridad ciudadana y las complicaciones económicas serán dos temas centrales que los competidores políticos tendrán que abordar en las próximas elecciones. Un tercer asunto clave es cómo contrarrestar la expandida corrupción descentralizada. Quienes sean elegidos -en todos los niveles estatales- se verán obligados a demostrar con hechos la validez de la ya trillada frase "lucha contra la corrupción caiga quien caiga". Todos los actores políticos, ejecutivos, legislativos, fiscales, judiciales, policiales... tendrán cada vez menos margen para mantenerse en la retórica sin resultados.
Según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (Contraloría General de la República) se perdió en 2023 a nivel nacional 24 mil millones de soles por corrupción. El desagregado por regiones muestra por ejemplo que en Cusco se perdieron 1,352 millones, Ica 633, Lambayeque 579, Piura 1,500, Arequipa 928, Junín 671 millones de soles. Según información de la Cámara de Comercio de Lima (publicada por Expreso) se perdieron 72 mil millones de soles entre 2021 y 2023. "Con ese dinero se podrían haber construido 1,600 colegios y 50 hospitales".
¿Cuántos problemas podrían haberse resuelto con estos recursos? Como vemos, aquí no solo se trata de despilfarros o incapacidades en las gestiones públicas, sino de una realidad altamente corrupta casi a todo nivel estatal, con cada vez menos excepciones.
La corrupción y la impunidad son entonces factores centrales que explican gran parte del subdesarrollo que caracteriza al Perú. Estos han crecido por obra de operadores y métodos como el que se está conociendo en torno al sonado caso de Andrés Hurtado "Chibolin". Así, es probable la existencia y el despliegue de un "boom" o un auge de "brokers" u operadores descentralizados de diversa alcance y tamaño montando similares redes de influencia y contubernios por todo el país. Lo que se está presenciando es solo una parte de cómo las redes delictivas están entrelazando los intereses de diversas economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala, el tráfico de tierras, etc ... con el lavado de dinero y con las dinámicas de poder y la política. En este entrevero jueces y fiscales van apareciendo como protagonistas del intercambio de influencias e impunidades selectivas.
El elemento corruptor, por cierto, impacta nocivamente en el sistema político, la competencia electoral y la escala de conflictos. Esto hace que las tensiones socioeconómicas se mantengan irresueltas o se agraven. Como es sabido la corrupción socava la legitimidad de todo gobierno (sin excluir a los regionales y municipales) instalando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. En casos extremos la desobediencia civil y hasta la violencia aparecen como respuesta ante la incapacidad institucional de regenerarse así misma. En el ámbito electoral, la corrupción distorsiona la representación política, ya que los funcionarios electos pueden priorizar los fines ilícitos de quienes financian sus campañas sobre los de sus electores. La democracia se degrada a punta de populismos clientelares mientras una insana pugna por la captura de presupuestos públicos se arraiga. El peligro mayúsculo es el nexo creciente entre organizaciones delictivas y poderes políticos infiltrados. De otro lado, las luchas de poder aceleran además la narcopolitica (como en México, Colombia, Ecuador, Bolivia o Venezuela) que además va invirtiendo o se entrelaza poco a poco con la multimillonaria minería ilegal.
Durante buen tiempo politólogos, analistas y sociólogos han hablado sobre la "desafección política" que hay entre sectores de la población; lo curioso es que vemos un auge de la participación (tendremos casi 60 partidos nacionales inscritos) en donde quizá la motivación real no es "servir a los peruanos" limpiamente, sino hacerse del control de las instituciones en pro de agendas particulares y grupales con fines de lucro y objetivos de poder e influencia. ¿Cuántos otros "chibolines" habrán en la capital y las regiones trenzando los intereses de las economías ilegales con el envenenado juego político (partidario, electoral) y un sistema de justicia que crea impunidades selectivas politizadas y libera a criminales organizados y delincuentes comunes?
La corrupción es un factor determinante de la pauta de poder nacional y subnacional a todos los plazos. Si los electores no eligen bien a sus representantes, el sistema político -y específicamente el judicial- dará un paso más en el proceso de tendencia autodestructiva en el que se encuentra (como el que también ocurre en materia ambiental y de recursos naturales sobre todo en las zonas de selva).
