El cajón de sastre
La sombra de la vacancia presidencial vuelve a proyectarse sobre el escenario político peruano. Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, fue vacada por un Congreso cada vez más fragmentado, una sociedad polarizada y un país fatigado por el desgaste institucional. Pero ¿fue la vacancia lo constitucionalmente razonable y lo políticamente responsable?
Nuestro país ingresa a una zona gris. Conforme al artículo 115 de la Constitución, asumió funciones el actual presidente del Congreso, José Jerí, con serios cuestionamientos morales y procesos judiciales, que nos tienen al borde de una posible vacancia de la Mesa Directiva.
Nuevamente, estamos en el mismo escenario de confrontación, cálculo político para mantener lo poco que queda de nuestra frágil institucionalidad democrática, golpeada por la corrupción política y el afán de aquella casta que se apropió hace mucho tiempo de la bandera de la moral y que hoy intentará a toda costa recuperar sus espacios de poder.
Por segunda vez, estamos ante el uso de una herramienta de control político que está siendo usada a voluntad de los opositores que saben muy bien pescar en medio de río revuelto.
La vacancia debe dejar de ser un azote para castigar la impopularidad o la ineptitud, pues es una medida de extrema gravedad que exige causalidad clara y debido proceso. Así lo recuerda el Tribunal Constitucional en el expediente 0006-2018-PI/TC, al advertir que la vacancia “no debe convertirse en una herramienta de desestabilización del sistema presidencialista”. Al emplearla como arma política, no se estará defendiendo la Constitución, sino distorsionándola.
Es bueno hacer un control de daños, para no seguir cometiendo los mismos errores. Se debió leer el hartazgo de la población de casos de corrupción, de ministros cuestionados. Los casos Rolex, cirugías y Waykis pasaron como si nada. Se permitieron ministros reciclados y seriamente cuestionados, cuando quizás un cambio de timón de 180 grados con ministros de consenso hubiera resultado manejable. Porque el gobierno dio claras muestras de desconexión con la población.
La inseguridad ciudadana, un problema de siempre, se agravó con la migración incontrolable en el gobierno de Kuczynski y la inercia del sector Interior, carente de estrategias efectivas.
Pero más allá de la incompetencia del gobierno de Boluarte, cualquiera sea el argumento, la vacancia es un claro reflejo del desgaste político acumulado y no de una infracción concreta. Su gestión ha sido severamente cuestionada por el manejo de las protestas del 2023, las muertes civiles y las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, pero ninguna de esas situaciones ha sido jurídicamente acreditada como “incapacidad moral permanente” en sentido constitucional.
Hoy el Congreso se ha convertido en un tribunal moral y político, que pasa por alto estándares jurídicos, erosiona el principio republicano de equilibrio entre poderes y deja a la Presidencia a merced de coyunturas e intereses partidarios.
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