El caso Huilca
Estábamos decididos a sumar totalmente estos renglones al cargamontón de críticas debido al nuevo fiasco que resultó el reciente viaje de la sucesora presidencial a EEUU quien nunca tuvo la cacareada reunión bilateral con el Presidente Biden aunque sí la tomó de la mano para la foto mientras subía una de las escaleras de la Casa Blanca y, suponemos, que algo llegaron a conversar. A ver si al menos el Congreso tiene la mínima dignidad de ajustarle las cuerdas a la Cancillería ante tamaño desaire al país. Lo dejamos ahí –por ahora– ya que lo sólidamente resuelto en primera instancia por el Poder Judicial sobre el asesinato del líder sindical Pedro Huilca exige dedicarle los demás borrones.
El 18 de diciembre de 1992, quien fuese secretario general de la entonces poderosa CGTP fue acribillado a mansalva al salir de su domicilio por una célula de la nefasta organización terrorista sendero luminoso (SL). Durante los cinco años siguientes, la debida investigación antiterrorista y las capturas policiales de los presuntos autores y partícipes del crimen no hizo más que confirmar fuera de duda la autoría criminal de SL cuyo pasquín “El Diario” se vanaglorió desde el inicio de haber eliminado a quien calificaba de “vendeobreros”, contrarrevolucionario y traidor revisionista. Es más, su viuda y testigos no contradijeron públicamente las conclusiones del atestado de la DIRCOTE. Insólitamente –por decirlo fino– y sin haberse agotado la jurisdicción interna, en junio de 1997 los deudos del malogrado sindicalista apañados por una inefable ONG y en base a dichos y versiones subjetivas o antojadizas sin mayor medio de prueba que apuntaban a que la muerte de Pedro Huilca podría ser obra del siniestro “Grupo Colina” fujimontesinista, terminaron denunciando al Estado peruano ante la Comisión IDH y ésta luego lo presentó a la Corte IDH. Contra lo imaginable, el Agente defensor del Estado se allanó a la aberrante pretensión y la Corte de marras en el fallo determinó la responsabilidad internacional del Perú, ordenó el encausamiento penal del caso en el Fuero interno y, entre otras obligaciones, dispuso el pago de la reparación de US$ 250,000 a favor de los deudos. Hoy, a la vuelta de 31 años del asesinato de Pedro Huilca y cancelada dicha indemnización, la Sala de la Corte Superior competente, ha sentenciado por mayoría – el único voto discordante quedará en la conciencia de quien lo emitió-, absolviendo a todos los procesados por falta de pruebas.
En el año 2006, ocupando el cargo de Ministro de Justicia y debiendo decidirse los casos por los cuales se procedería a solicitar la extradición del ex Presidente Fujimori, se contempló con el excelente abogado chileno que patrocinó la causa de la extradición la procedencia o no de incluir el crimen de Pedro Huilca. Nunca existió duda alguna sobre su improcedencia dado los antecedentes y estado procesal del mismo.
Ahora, salvo una aberrante ejecutoria de la Corte Suprema, los verdaderos terroristas asesinos de Huilca seguirán en la sombra y Dios sabe dónde andarán o si están vivos. Lo único cierto es que sus deudos se beneficiaron con un cuarto de millón de dólares mal habidos. ¿Algo se hará? ¡AMÉN!
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