El colapso que no admite excusas: Colombia y la advertencia para América Latina
La reciente conducta presidencial en Colombia ha provocado una profunda crisis institucional, reputacional y de liderazgo, evidenciada por la carta del excanciller Álvaro Leyva contra Gustavo Petro. Las acusaciones de problemas de adicción y comportamiento errático durante una misión diplomática en Francia, procedentes de un exaliado, destacan una realidad incómoda: el alejamiento del poder de la ética repercute en toda la nación, no solo en su líder. Ahora, más que nunca, preservar la confianza pública y la estabilidad institucional se presenta como un mandato urgente para todos los sectores del país, superando las diferencias ideológicas.
La deteriorada situación de Colombia no surgió de improviso. La estrategia de “Paz Total” de Petro ha fracasado. Inició basada en negociaciones simultáneas con diversos grupos armados y terminó agravando la violencia y la inseguridad. Esto ha convertido la seguridad en la principal preocupación de los ciudadanos, incluso por encima de la economía, con un 85 % de los colombianos percibiendo un empeoramiento en este aspecto y una aprobación presidencial que cae a un mínimo histórico del 26 %. El país enfrenta un incremento en el riesgo país, retracción de la inversión extranjera y una reputación internacional en declive, complicada aún más por la crisis política desencadenada por las revelaciones de Leyva. Así, Colombia transita de ser un modelo de estabilidad en América Latina durante la primera década de los 2000 hacia un escenario desfavorable para inversores y su influencia geopolítica.
Los actores de esta tragedia institucional son múltiples: un presidente cuestionado en su idoneidad, una ciudadanía cada vez más escéptica, unas instituciones que deben decidir entre la lealtad a la persona o la defensa de la República, y una comunidad internacional que observa con creciente desconfianza. La ausencia de respuestas convincentes por parte del líder nacional solo aumenta las dudas y debilita su posición. Ha transformado una cuestión personal en un problema de relevancia estatal. La experiencia latinoamericana sugiere que un liderazgo carente de ética puede poner en riesgo la estructura democrática en su totalidad.
Frente a este panorama, Colombia requiere de medidas inmediatas que reconstruyan la confianza: una investigación independiente que despeje las dudas sobre la capacidad del presidente —si determina su incapacidad, entonces deberá irse—, una estrategia clara de reposicionamiento internacional que mejore la imagen del país, y un liderazgo que privilegie el bien común por encima de los intereses personales. Es fundamental que el Estado, más allá de la figura presidencial, lidere la restauración de su reputación. La transparencia, la rendición de cuentas y una gobernabilidad fortalecida deben ser los pilares para edificar una nueva resistencia institucional.
Para Perú, la crisis colombiana representa una advertencia que no puede ignorarse. La reciente secuencia de seis presidentes en igual número de años evidencia cómo la degradación ética y la personalización del poder pueden socavar la legitimidad, la estabilidad y el avance para nuestro país. La inestabilidad no solo emerge de golpes de Estado, puede originarse en la erosión gradual de la ética pública, en la vanidad del liderazgo y en el menosprecio por las instituciones. Seguimos siendo un gobierno de izquierda que inició Castillo y terminó preso por golpista. Sin embargo, la mayor coincidencia entre Boluarte y Petro es que ambos se someten a cirugías estéticas.
Mientras Colombia afronta las consecuencias de decisiones precipitadas y omisiones, nosotros debemos recordar que los problemas de gobernabilidad se incuban mucho antes de manifestarse visiblemente. La pérdida de legitimidad no solo amenaza con derrocar gobiernos, sino que también puede dañar irreparablemente la reputación de un país.
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