El Congreso y la carabina de Ambrosio

La fiscal de la Nación, en el ejercicio legítimo de sus atribuciones, ha interpuesto denuncia constitucional ante el Congreso de la República, en contra del presidente Castillo y una serie de funcionarios públicos y no públicos, por pertenecer a una organización criminal liderada presuntamente por el presidente de la República y enquistada en los sectores más elevados del poder político, para cometer los delitos de corrupción que la Fiscal imputa, narrando extensamente los hechos, respaldando estos con múltiples elementos de convicción para culminar con la identificación del tipo penal correspondiente.
No olvidemos que el presidente de la República encarna a la Nación que somos todos los peruanos, de modo que la dignidad o indignidad personal de aquel se traslada a la dignidad o indignidad de todo un pueblo, lesionando de paso el respeto internacional que el Perú, como Estado, merece en el ámbito internacional.
Resulta por demás obvio que el Congreso no puede escabullirse en aspectos meramente formales para eludir su responsabilidad de calificar el peso de las imputaciones fiscales y la fortaleza de los elementos de convicción para determinar si constituyen evidencias que superan la probabilidad y que se hallan casi en el nivel de certeza.
Decimos que no puede escabullirse porque los delitos imputados están tipificados en nuestra ley penal y solo tienen que pronunciarse por abrir el camino hacia una investigación formal sin perjuicio de las sanciones políticas que el Congreso determine imponer, porque si no lo hace estaría quebrando la estructura del Estado de Derecho en el cual la impunidad, el abuso de funciones para obstaculizar la acción de la justicia y la utilización del poder funcional como escudo para delinquir, son absolutamente inaceptables.
Por otro lado, si el Congreso prefiere hacerse de la vista gorda, hará añicos el principio de igualdad ante la ley que todos los individuos tenemos frente al poder punitivo del Estado cuando se cometen hechos que constituyen delitos, muy graves o menos graves y que no han prescrito para que el sistema de justicia actúe de inmediato abriendo la correspondiente investigación hasta su culminación con una sanción o absolución, adoptándose, de ser necesario, las medidas cautelares necesarias para asegurar su eficacia.
Al inicio de este régimen el imaginario popular llegó a concebir al Congreso como un gran tigre que frenaría los apetitos totalitarios de la ideología que mueve al gobierno marxista leninista en el poder, para luego descubrir que éste, lo fue convirtiendo en un pequeño gatito al convertir, con dádivas o sin ellas, a muchos congresistas en incondicionales del régimen eliminándose toda posibilidad para alcanzar los votos que exige la Constitución para una vacancia.
En el Congreso se habló de balas de plata o de oro que se dispararían en el momento oportuno para defender la democracia. Ahora resulta que esas balas son de goma. Veremos qué sucede.

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