El control político

El modelo clásico de la división de poderes del Estado, de pesos y contrapesos, “check and balances” ha sido perfeccionado por el constitucionalismo. Ya no se habla entonces de “división de poderes”, sino de “distribución de competencias”.

Entonces, mientras el Poder Judicial administra justicia, el Parlamento legisla y el Gobierno ejecuta. Sin embargo, cuando el Ejecutivo no hace cumplir la ley, entonces corresponde al Legislativo exigírselo a través de los mecanismos que la Constitución le confiere.

Pero para supervisar que el Ejecutivo cumpla su función, debe modificarse el Reglamento del Congreso para fortalecer el control político. Por ejemplo, para censurar a un ministro se tiene primero que recolectar las firmas, luego presentar la moción, y finalmente, debatir y votar entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Hasta ahí, han pasado tres o cuatro semanas. Suficiente para cualquier lobby. Lo mismo pasa con la interpelación.

La estación de preguntas, inexplicablemente fuera de uso, y en general los instrumentos de control político, si bien están consagrados en la Constitución y el Reglamento del Congreso, su funcionamiento no cuenta con reglas definidas y muchas veces se aplican siguiendo procedimientos que no se encuentran regulados, pero que han sido validados por la práctica.

Si bien los ministros pueden asistir o no a las sesiones plenarias facultativamente, la Constitución obliga a los ministros a acudir al Pleno para absolver la estación de preguntas, el problema es que, en la práctica, el artículo 85° del Reglamento del Congreso que regula la figura constitucional de la estación de preguntas, no se cumple.
La praxis política ha hecho de esta figura de control político un instrumento inútil pues convoca al gabinete una vez a las quinientas, por ello es necesario modificar el Reglamento del Congreso para fortalecer la figura, volverla funcional.

Y lo más importante, la limitación de la estación de preguntas a “una vez al mes” inutiliza el mecanismo, máxime cuando el Reglamento establece que las preguntas no respondidas deben ser respondidas por escrito, lo cual desvirtúa absolutamente la ratio de la figura que es el contraste oral entre los representantes y el gobierno.
El Congreso representa a todos los peruanos, y como encarnación de esa representación popular debe saber si se cumplen las leyes, y si no, ¿por qué no se cumplen?, si se ejecuta el presupuesto, y si no, ¿por qué no se ejecuta? El Ejecutivo está obligado a rendir cuentas, y por eso, los ministros no pueden ir “una vez al mes” sino cada vez que los congresistas lo requieran.

El Congreso debe identificar los problemas del gobierno, pero para identificar adecuadamente esos problemas necesita información, y quién mejor que un miembro del gobierno para proveer esa información.
El Congreso requiere, en conclusión, evaluar el capítulo constitucional referente al control político, de ahí que se impone la necesidad de una reforma constitucional que incluya algunas modificaciones relacionadas al control político, además porque estas modificaciones serán finalmente el marco en función del cual se podrá modificar el Reglamento del Congreso para darle dinamismo a esta figura constitucional.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.