El deber de fortalecer nuestra diplomacia
La buena noticia es el nombramiento de la embajadora Ana Rosa Valdivieso Santa María, al alto cargo de Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la primera vez que una mujer ocupa esa posición de especial responsabilidad. Su brillante trayectoria alimenta la confianza en una gestión exitosa.
El Servicio Diplomático, así como la Cancillería, son de suma importancia para el país, y reúne tradicionalmente a profesionales de la más alta capacidad. La institucionalidad y el respeto a sus integrantes resultan fundamentales.
No obstante, últimamente han ocupado mayor atención en la prensa asuntos negativos que comprometen a nuestra Cancillería. Escándalos por vacunaciones indebidas, grabaciones ilícitas, alteraciones en procedimientos en ascenso, que fueron institucionalmente afrontados de manera resuelta. Pero aún quedan largamente postergados los reclamos laborales.
En ese contexto es importante recordar que hace 30 años, entre navidad y año nuevo de 1991, se produjo un atentado contra la diplomacia peruana organizado desde una cúpula enquistada en el gobierno. Así se cesaron a 117 diplomáticos, obligando además a otros tantos a pasar al retiro. Para colmo, se cerró la Academia Diplomática.
El gobernante, mal asesorado, asumió la responsabilidad al pretender justificar el acto ilegal con insultos y calificativos innobles para los funcionarios que habían servido al país. Los colegas que permanecieron en el servicio se quedaron aterrorizados y amenazados de que en cualquier momento podrían ser víctimas de la misma violencia.
De hecho –y sin fundamento alguno- intempestivamente se redujo la capacidad de actuación de una institución que es la primera línea de la defensa nacional.
El daño al país no se hizo esperar. Poco después surge el conflicto armado con el Ecuador. Ofrecieron su vida valerosos militares peruanos. El costo para el Perú fue enorme. Les toca a los historiadores elucidar la responsabilidad –dolo o falta- de la dictadura, al debilitar la diplomacia preventiva y atentar contra la seguridad nacional.
Uno de los involucrados en manipular el indebido desmontaje de la diplomacia, el ex capitán de ejército Montesinos, ya tenía antecedentes en sus relaciones con el país vecino, por lo que había sido condenado por traición. Algunos diplomáticos lo recuerdan pasearse por oficinas de Torre Tagle.
Al recobrar el Perú la democracia, fue la diplomacia peruana -los cesados- los que encontraron depósitos ilícitos en bancos suizos, producto de sobornos en la compra de armas. Más de uno de los diplomáticos probos -de los que quería deshacerse el régimen corrupto- ocuparon los más altos cargos en la Cancillería.
Hoy, varios de estos destacados profesionales nos representan como embajadores ante los principales organismos internacionales, a pesar de estar en la situación de retiro en el escalafón del Servicio Diplomático.
La Corte Suprema declaró el cese como ilegal. El presidente Toledo pidió perdón en nombre del Estado. El jefe del Servicio Diplomático en 1991 (Villarán que se aprovechó con nombramientos a Ginebra y Madrid), fue finalmente destituido. Los principales responsables que hicieron el atentado a la diplomacia y al país están en la cárcel, por graves delitos. No obstante, aún no se ha dado la reparación del daño.
En vez de permitirles a los diplomáticos cesados permanecer en el Servicio por los años perdidos, se les pasó al retiro en la misma fecha que a otros que no fueron víctimas, a pesar de que la justicia peruana se pronunció claramente en el sentido de que no se les podía aplicar restricciones por edad. Cosa que falta cumplir.
En el Perú se tiende más a sancionar que a reparar. No se puede presumir la existencia de un Estado de Derecho sin que el mismo no logre justicia en cosa propia. Como tampoco existe justicia sin la debida reparación del daño.
Hoy se hace necesario un parforceritt, que el Gobierno Peruano -en democracia y la Cancillería al mando de profesionales de alta preparación y experiencia- está en la capacidad de realizar y que debe resolver con equidad –sin mas dilación- los casos estancados hace treinta años.
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