El debido proceso y la doble moral caviar

Los peruanos estamos atónitos al escuchar a un ex presidente del Tribunal Constitucional defender con desfachatez la “constitucionalidad” de los contratos de peaje en Lima. Utilizó el artículo 62 de la Constitución que reza: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
Es pertinente preguntar a este erudito cuál era la norma vigente que sirvió de marco legal para que una empresa corrupta ofrezca coimas y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, las reciba sin sonrojarse. La cifra, estimados lectores, es diez millones de dólares. Y la explicación del jurista es: “habrá que demostrarlo”, “respetemos el debido proceso” o “vamos a espantar a los inversionistas”. En ese contexto surge la interrogante: ¿no existe una máxima jurídica que reza “a confesión de parte, relevo de prueba”?

Resulta crucial también plantear cuál es el alcance del debido proceso cuando se vulnera el derecho constitucional al libre tránsito. ¿No sería sensato y justo espantar a los empresarios corruptos, aquellos cuyas prácticas ilícitas atentan contra la transparencia y la legalidad? La necesidad de atraer a inversionistas íntegros debería primar sobre el miedo a ahuyentar a aquellos cuyas intenciones y actos son deleznables.

En un país que aspira a un desarrollo ético y sostenible, se hace imperativo reflexionar sobre el papel de la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de crear un entorno propicio para inversiones honestas y beneficiosas para la sociedad.

Debemos también preguntarnos cómo se aplica el principio del debido proceso, por ejemplo, al caso de la suspensión de la Fiscal de la Nación, a quién no se le ha probado delito alguno. Su única falta al parecer fue privar de tóner a la fotocopiadora de la fiscal Marita Barreto. Realmente una caricatura digna del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de sus corifeos.

Somos testigos de cómo nos roban el país y es momento que los peruanos de bien alcemos nuestra voz y defendamos nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos. No queremos que en un futuro cercano siete millones de peruanos emigren para vender tamales y chicha morada en las esquinas de un país ajeno porque el nuestro está sumido en la miseria y la corrupción.

Y mientras un respetable ex tribuno factura a cambio de darle argumentos y vocería a una empresa probadamente corrupta; y la fiscal de la Nación es suspendida en sus funciones en forma irregular y abusiva, los graves hechos ocurrido en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) son ignorados por la izquierda, la ultraizquierda, los caviares, progresistas y demás yerbas.

Así, que el abogado Juan Carlos Cortés haya sido integrante de la comisión que seleccionó a los integrantes de la JNJ sin declarar que existía un conflicto de interés porque él había trabajado con uno de los elegidos, Aldo Vásquez, no merece ningún comentario ni mención en la prensa caviar.

Lo escandaloso es que el señor Cortés posteriormente fue nombrado secretario general de la JNJ y, oh coincidencia, fue SERVIR, la entidad donde él estuvo enquistado por años, la que proporcionó un argumento a la magistrada Inés Tello de Ñecco para mantenerse en el cargo en abierta violación al mandato de la Constitución.

El Perú debe saberlo. Los llamados caviares son un grupo de personas que usan los principios éticos, constitucionales y legales según su conveniencia. Si se trata del adversario, le aplicarán la ley así esta no exista. Pero si de por medio están sus intereses personales (como lo vemos en el caso de la JNJ) harán cera y pabilo de la ética, la Constitución y la ley con tal de mantener sus privilegios.

La política de la doble moral es una amenaza contra la estabilidad de la democracia en el Perú. Los caviares son una amenaza para la subsistencia de la sociedad peruana como una sociedad libre. La persistencia de estos sectores puede socavar la confianza en las instituciones, alimentar la polarización y erosionar la base misma de la convivencia pacífica y democrática en el Perú.

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