El desgobierno de las turbas

El régimen que aún lidera el presidente Martín Vizcarra está cayendo a nuevos abismos luego de su actitud temerosa y pusilánime frente al gobernador regional de Arequipa y los alcaldes distritales de Islay. El derecho a la protesta tiene un límite: no alterar el orden público ni interrumpir las comunicaciones. Así lo establece el Código Penal y las normas constitucionales pertinentes. Pero los enemigos del proyecto de Tía María saben que un grupo de agresivos manifestantes paseándose con banderas verdes en torno a las carreteras no producirían ningún efecto. Para suplir esa carencia optaron por interrumpir el paso de los vehículos y crear un estado de zozobra en la ciudadanía que se siente amedrentada ante los piquetes de los huelguistas que no permiten transitar libremente.

Eso pudo apreciarse en el lamentable video de una señora brasileña que se dirigía a la ciudad de Arequipa para que sus hijos cumplan compromisos deportivos. ¿Por qué tanta violencia? El proyecto minero de Tía María viene gestándose hace mucho tiempo. Ha sido objeto de dos estudios de impacto ambiental, el segundo de los cuales superó todas las observaciones formuladas por los equipos técnicos del gobierno y de los asesores de las Naciones Unidas.

Una de las objeciones se sustentaba en la utilización por la empresa minera de las aguas del río Tambo y de la napa freática de la zona. Esa objeción también fue resuelta con la desalinización de las aguas marinas. Ante esa situación la Dirección General de Minería autorizó el inicio de la construcción del proyecto, supeditada a una nueva etapa de diálogo con la población de la provincia de Islay, tal como Southern Perú estaba dispuesta a realizar.

Esa autorización condicional, como todos sabemos, originó el fusilamiento en efigie del Presidente Vizcarra en la Plaza de Armas de Arequipa inmediatamente después de conversar con los gobernadores regionales. En el audio divulgado la semana pasada el Presidente reconoció que no tenía argumentos para cancelar el proyecto y que no podía adelantar públicamente su posición. ¿Qué hizo entonces? Pidió al gobernador regional de Arequipa que presentara un recurso de revisión para que el Consejo de Minería, organismo autónomo del gobierno, cancele la autorización de construcción. Dicho y hecho, el Consejo de Minería suspendió el proyecto por 120 días bajo la mirada benévola del Presidente Vizcarra y de su Ministro de Energía y Minas. ¿Eso cómo se llama? Actuar por debajo la mesa en perjuicio del Perú.

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