El Ejecutivo contraataca

A pesar de que los últimos meses el Congreso de la República ha dado claras muestras de no lograr un consenso respecto a una posible vacancia o suspensión a Castillo, el último fin de semana el Ejecutivo hizo una jugada política que puso en jaque a Alianza Para el Progreso y terminó con la destitución de Lady Camones como presidenta del Parlamento.
Este hecho sorprendió a todos, pues el entrampamiento político en la guerra institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo venía beneficiando a ambos poderes, en la medida en que podían continuar ejecutando presupuesto y gestionando leyes sin mayores inconvenientes.
El destrabar este entrampamiento no parece lógico si se mira solo desde la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, además de que pone a Alianza Para el Progreso, uno de los partidos políticos más relevantes del momento, entre la espada y la pared, obligándolos a reaccionar con todas sus fuerzas. Algo que podría asumirse innecesario pues, incluso, en los audios filtrados se da a entrever que la vacancia a Castillo no era algo prioritario en la agenda política de este partido.
Vale recordar que, en más de una oportunidad, Alianza Para el Progreso brindó su respaldo político al Ejecutivo, votó en contra de las dos anteriores mociones de vacancia y, junto con Acción Popular, fueron los partidos bisagra que dieron estabilidad al régimen.
Debido a esto, solo se puede asumir que el Ejecutivo se prepara para un escenario de confrontación más álgida con los demás poderes del Estado. Si bien en la guerra institucional que vive el Perú, el Congreso de la República no parece representar un problema real, el avance de la Fiscalía respecto a las investigaciones que atañen a Castillo, y que, al parecer, tarde o temprano terminarán llegando como una denuncia constitucional ante el Congreso, pone al Ejecutivo en un gran aprieto, con implicancias penales para muchos de sus altos funcionarios.
La prisión preventiva a la cuñada de Castillo y la situación legal de su esposa son algo que complica aún más el escenario, puesto que son circunstancias que vulneran el círculo más cerrado de quien detenta el poder real en el Perú.
En este contexto, un posible alejamiento constitucional por parte del Ejecutivo implicaría no solo un quiebre con el Ministerio Público, sino también con las demás instituciones del Estado, pues no habría otra forma de legitimarlo. Y, si se considera que el Legislativo es el poder del Estado más desprestigiado hoy en día, el acto de debilitar a su presidencia parece funcional para terminar de socavar su imagen.
Sin embargo, la rápida reacción del Congreso de la República al destituir de la presidencia a Alianza Para el Progreso parece bloquear la narrativa del Ejecutivo. Lo siguiente será una votación para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva y la búsqueda de votos para un tercer proceso de vacancia por parte de la oposición, para lo cual algunos congresistas aseguran tener ya 70 votos; algo difícil de creer si se analizan las últimas votaciones en el Pleno.
Además, se han presentado dos proyectos de ley para llamar a nuevas elecciones generales, algo que también parece lejano si analizamos las recientes declaraciones de parlamentarios de algunas bancadas de oposición, quienes no se han mostrado de acuerdo con esta salida a la crisis.
Lo más probable es que en las próximas semanas la tensión política siga incrementándose. Un posible punto de quiebre podría ser la previsible denuncia constitucional por parte de la Fiscalía contra Castillo, pues entonces el Congreso de la República tendrá que dirimir si acusarlo constitucionalmente por actos de corrupción o no, generando una crisis máxima que reconfigurará el escenario político y muy probablemente empuje al Ejecutivo y al Legislativo a tomar acciones proporcionales al contexto de tensión y confrontación política que vivimos.